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Salta03 de noviembre de 2025
Diario del Valle
La pedofilia digital en Salta volvió a quedar en el centro de la escena tras la detención de un hombre de 31 años, integrante de la Policía Federal Argentina, acusado de distribuir material de abuso sexual infantil a través de redes P2P. La causa se inició en el marco de un operativo internacional denominado “Aliados por la Infancia V”, que permitió ubicar la actividad en la ciudad de Salta. La investigación fue encabezada por la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, dirigida por Sofía Cornejo, y derivó en la imputación formal del acusado por el delito de distribución de material de explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años.
Durante la audiencia judicial, el imputado fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar. La Fiscalía solicitó su detención preventiva ante el Juzgado de Garantías interviniente, mientras continúa la investigación para analizar el material secuestrado y determinar la dimensión completa del delito.
La pesquisa comenzó gracias al sistema estadounidense ICACCOPS (Internet Crimes Against Children – Child On-line Protection System), una plataforma utilizada internacionalmente para rastrear y combatir la circulación de material de abuso sexual infantil en internet. A través de ese sistema, se detectó el intercambio de archivos desde una dirección IP vinculada al domicilio del acusado en Salta.
El reporte internacional incluyó datos de conexión, proveedor de internet, horarios de actividad, aplicaciones utilizadas y los identificadores hash de las imágenes y videos compartidos, lo que permitió rastrear su origen y destino. Las redes utilizadas pertenecían al sistema P2P (peer to peer), una estructura descentralizada que facilita el intercambio directo de archivos entre usuarios sin pasar por servidores centrales, lo que complica la trazabilidad e intervención por parte de las autoridades.
En el allanamiento realizado en la vivienda del imputado se secuestraron computadoras, teléfonos, discos duros externos y otros dispositivos electrónicos. Según informó la Fiscalía, en el análisis inicial se identificaron aproximadamente 60 mil archivos entre imágenes y videos con contenido de abuso sexual infantil. La evidencia ocupaba más de un terabyte de almacenamiento digital y estaba organizada en múltiples dispositivos.
La fiscal Sofía Cornejo calificó el caso como “impactante” por la cantidad y la naturaleza del material hallado. En declaraciones a CNN Salta, advirtió que nunca había intervenido en una causa con tal volumen y grado de perversión. Detalló que el contenido incluía material con víctimas de distintas nacionalidades, rasgos e idiomas, e incluso registros con características de producción cinematográfica.
Cornejo remarcó que los responsables de este tipo de delitos no suelen coincidir con el estereotipo tradicional de delincuente. Según indicó, en la mayoría de los casos se trata de hombres adultos casados, con trabajo estable y una vida social y familiar aparentemente normal. “Siempre son varones, y en todos los casos que me tocó intervenir hasta ahora se mantiene ese patrón”, afirmó.
La fiscal subrayó la importancia del trabajo coordinado entre agencias internacionales para detectar estos delitos, dado que las plataformas utilizadas funcionan de manera descentralizada y anónima. Destacó también la relevancia de la denuncia ciudadana y la responsabilidad social frente a cualquier indicio de explotación infantil.
El Ministerio Público Fiscal insistió en que estos operativos buscan no solo detener a quienes distribuyen este material, sino también concientizar a la población sobre la gravedad del delito y la necesidad de proteger a niños y adolescentes. Las autoridades resaltaron la importancia de que familias, escuelas y entornos comunitarios se involucren en la prevención, prestando atención a comportamientos sospechosos y denunciando de inmediato cualquier indicio de actividad delictiva.
Desde la Fiscalía se destacó que el tráfico de material de explotación sexual infantil es un delito que genera graves daños y alimenta redes criminales internacionales dedicadas al abuso de menores. La principal recomendación es reportar cualquier comportamiento o contenido sospechoso a las autoridades, ya que la intervención temprana es clave para frenar estas prácticas y rescatar víctimas.

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