Armas robadas de fábricas militares argentinas terminaron en manos del narcotráfico brasileño y fueron usadas en operativos que dejaron más de 160 muertos en Río, según reveló un informe publicado por La Nación.
Tendencias30 de octubre de 2025
Diario del Valle
La masacre en las favelas expone el rastro de armamento militar argentino en Brasil
Una reciente operación de la Policía Militar en Río de Janeiro, que culminó con más de 160 personas fallecidas, entre ellas 4 policías, volvió a poner en evidencia un fenómeno que, si bien no es nuevo, adquiere una gravedad renovada: gran parte del armamento utilizado por los narcotraficantes brasileños tiene origen en fábricas militares argentinas.
Según reveló el diario La Nación, entre las armas incautadas tras el enfrentamiento figuran fusiles FAL, ametralladoras MAG y subfusiles FMK3, todos con el escudo argentino grabado y números de serie que los vinculan con Fabricaciones Militares, particularmente con la planta de Fray Luis Beltrán, en las afueras de Rosario.
El dato fue confirmado por fuentes oficiales brasileñas y forma parte de un informe elaborado por el Instituto Sou da Paz, que desde hace años estudia la procedencia del armamento incautado a organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho, dos de las principales bandas que operan en San Pablo y Río.
En uno de los episodios más llamativos, la Policía brasileña logró evitar un atentado contra el secretario de Seguridad Pública de San Pablo, Guilherme Derrite, en 2024. El operativo frustró el ataque y permitió incautar una ametralladora MAG calibre 7,62 mm con la inscripción de la Armada Argentina. El arma había sido fabricada en Fray Luis Beltrán y se encontraba en manos de un jefe del PCC conocido como "China", quien también poseía más de 2.000 municiones.
Este caso no fue aislado. El informe brasileño detalló que la aparición de armamento argentino se ha vuelto recurrente en las favelas y arsenales del crimen organizado. De acuerdo con la investigación, los fusiles automáticos y armas de grueso calibre robadas en Argentina se comercializan a través de redes ilegales que las distribuyen en Brasil, Bolivia y Paraguay.
La causa judicial que investiga el robo de armamento en territorio argentino está radicada en Rosario. En junio de este año, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo reactivó un expediente dormido que involucra el faltante de más de 400 fusiles FAL y 2.500 partes sustraídas del Batallón de Arsenales N.º 603, también ubicado en Fray Luis Beltrán. Por este hecho fueron procesados siete militares. La gravedad del escándalo provocó la renuncia del juez Marcelo Bailaque, quien meses después fue detenido por corrupción y acusado de vínculos con el narcotráfico.
El fenómeno no se limita a los robos. Parte del aumento de armamento pesado en manos criminales también se vincula a las políticas de flexibilización del porte de armas implementadas durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Entre 2018 y 2022, la cantidad de armas en manos civiles se duplicó, pasando de 1,3 millones a 2,9 millones. Muchas de ellas habrían terminado desviadas al mercado ilegal, según el análisis del Instituto Sou da Paz.
La presencia de armamento argentino en operativos del PCC y Comando Vermelho ya no es una excepción. En 2019, por ejemplo, la Policía de San Pablo frustró un intento de asalto a un camión blindado, en el que los atacantes utilizaron un fusil FAL con el escudo de la “Fábrica Militar de Armas Portátiles - Rosario”. Ese modelo, discontinuado en 1998, volvió a aparecer en operativos recientes, con cargadores completos y numeraciones alteradas para dificultar su trazabilidad.
Otro hecho documentado ocurrió en marzo de 2013, cuando fue descubierto un búnker del PCC en una zona rural de San Pablo. Allí, las autoridades secuestraron 450 kilos de cocaína y un arsenal que incluía tres subametralladoras, una de las cuales era una FMK3 con procedencia argentina. La misma planta de Fray Luis Beltrán aparece, otra vez, como punto de partida.
La ausencia de controles eficaces sobre los arsenales militares, sumada a la falta de voluntad política para investigar con profundidad los desvíos, generó durante años un vacío que permitió el flujo constante de armamento hacia el crimen organizado regional. Incluso se documentaron casos de intercambio de partes entre diferentes armas para evitar su identificación.
Mientras tanto, fiscales, jueces y organismos internacionales advierten sobre la urgencia de tomar medidas concretas que impidan la circulación ilegal de material bélico producido por el Estado argentino. El destino final de muchas de estas armas, como quedó demostrado en Río de Janeiro, puede ser una zona de guerra urbana en manos del narcotráfico.
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