El organismo nacional reglamentó la suba del impuesto interno aprobada en el Congreso y, a la par, ordenó al empresario Pablo Otero que pague la deuda millonaria. La relación con Salta y sus productores.
Politica15 de julio de 2024
Diario del Valle
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó hoy el nuevo aplicativo para la actividad tabacalera que establece el incremento del 70% al 73% de la alícuota sobre el precio de venta al consumidor de los cigarrillos producidos en suelo argentino como así también de los importados.
Es decir, el organismo nacional puso en marcha la Ley de Bases y el capítulo fiscal para el tabaco que aprobó el Congreso semanas atrás. Denominado “Impuesto interno y adicional de emergencia a los cigarrillos”, el nuevo régimen forma parte de la Resolución General 5524/2024 que lleva la firma de la titular de AFIP, Florencia Lucila Misrahi.
También aclaran que se mantendrá vigente el programa aplicativo de impuestos para “la confección de declaraciones juradas -originarias o rectificativas- de períodos fiscales anteriores a entrada en vigencia de la Ley N° 27.742 de aquellos sujetos que posean una disposición judicial válida que alcance a tales períodos”.
La puesta en marcha de la nueva alícuota del impuesto y de los instrumentos fiscales de control se completa con la eliminación del monto mínimo del tributo, un ítem que fue incorporado en la Ley 24.674 sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri y que fue cuestionado judicialmente por “inconstitucional”.
En paralelo, la AFIP intimó a la empresa “Tabacalera Sarandí” de Pablo Otero a saldar la millonaria deuda que mantiene desde hace varios años por no pagar el impuesto interno. Lo hizo porque “El Señor Tabaco”, tal como lo apodó Javier Milei, no cumple con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya le ordenó regularizar su situación.
La AFIP notificó que las presentaciones impositivas de Tabacalera Sarandí “no satisface los recaudos exigidos por la normativa vigente”, motivo por el cual el organismo advirtió que de seguir incumpliendo con lo que le ordenan, la empresa podría ser excluida del régimen de fabricantes de tabaco.
De acuerdo con Ámbito, entre las consecuencias que podría sufrir la firma de Otero se encuentra la provisión de las estampillas fiscales: si el organismo nacional decide no enviárselas a Sarandí, sus productos no podrán ser comercializados legalmente. Cabe recordar que la misma vende marcas como Red Point, Kiel, West y Master, entre otros.
La suba del impuesto interno y la eliminación del tributo minino fue un proyecto impulsado con el objetivo de lograr la igualdad de condiciones ante el fisco de las empresas del sector (teniendo en cuenta el caso Sarandí). Como contrapartida de ese incremento en los precios, que pretende desincentivar el tabaquismo, el Estado prevé mejorar la recaudación.
Como explicó Diario del Valle, la iniciativa fue impulsada por los Gobernadores de las provincias productoras- Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Catamarca, Misiones y Corrientes- y por la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras de la República Argentina (CANET). Ambos sectores cuestionaron en particular a Tabacalera Sarandí por el daño fiscal producido.
Sucede que una mayor recaudación del fisco se traduce, además, en un incremento de los fondos coparticipables para los gobiernos subnacionales y para los productores a través del Fondo Especial del Tabaco (FED), el cual viene sufriendo una baja significativa a raíz de la falta de tributación de ciertas empresas.
“Vemos que hay un avance de estas empresas que nos están desfinanciando año tras año”, afirmó a este medio Enrique Cornejo, senador provincial del departamento General Güemes y miembro de la Cámara del Tabaco de Salta al analizar la situación del sector ante la merma de recursos en valores reales.
En la actividad tabacalera calculan que, desde que Sarandí obtuvo la primera medida cautelar a su favor, se ahorró aproximadamente US$ 2.000 millones por no pagar el impuesto. Al mismo tiempo, la empresa avanzó en el mercado con un significativo incremento de participación del 8% al 40%.
Con la entrada en vigencia del nuevo aplicativo para el impuesto a la venta de los cigarrillos y la intimación de AFIP a Sarandí para que salde su millonaria deuda los productores y comercializadores prevén una mejora en sus registros económicos, mientras buscan también reducir el tráfico ilegal de cigarrillos por las porosas fronteras.
El apuntado es el abogado de empresas devenido en funcionario Claudio Aquino, mientras que el caso testigo de la maniobra libertaria es el Sindicato de Industrias Químicas de Salta.
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