Se trata de la empresa del “Señor Tabaco” que no pagaba tributos por vender cigarrillos. El reclamo fue promovido por AFIP. Las repercusiones en Salta.
Politica07 de junio de 2024
Diario del Valle
La Corte Suprema de Justicia de la Nación instó a la empresa Tabacalera Sarandí a cumplir con el pago del impuesto a los cigarrillos, que no abona hace varios años gracias a presentaciones judiciales en las que cuestionaba la ley 24.674 de impuestos internos sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ahora el máximo tribunal hizo lugar a un planteo del Estado Nacional a través de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y dejó sin efecto la sentencia que favorecía a la firma de Pablo Otero, conocido tal vez como “Señor Tabaco”, por el apodo del presidente Javier Milei en el marco del debate por la reforma fiscal sobre la actividad.
Sarandí comercializa marcas como Red Pont, Kiel, West y Master, cigarrillos que avanzaron en el mercado por sus bajos precios en comparación con los llamados “primeras marcas”. Esa diferencia en el valor final que favorecía a Otero fue lograda por la elusión de impuestos, según acusaron las empresas que sí cumplen con el tributo.
De acuerdo con datos que manejan las empresas tabacaleras, Sarandí se ahorró aproximadamente US$ 2.000 millones por no pagar el impuesto. Y, en forma paralela, avanzó con su participación en el mercado al pasar del 8% al 40% aproximadamente de los cigarrillos que se comercializan.
Enrique Cornejo, senador provincial por el departamento General Güemes y sindico de la Cámara del Tabaco de Salta, había calificado a las medidas cautelares que favorecieron a Otero como “oscuras” y “contradictorias”, según manifestó en una entrevista con Diario del Valle.
El revés judicial para Sarandí- que iguala las condiciones para la totalidad de las empresas ante el fisco- permitiría al Estado incrementar la recaudación por el impuesto en la venta de cigarrillos y, por ende, se beneficiarían los productores de Salta y otras provincias productoras mediante el Fondo Especial del Tabaco (FED).
Cornejo explicó que el FED está recaudando muchísimos menos recursos en valores reales de lo que fue en el 2018, cuando comenzaron las medidas judiciales a favor de Sarandí. “Vemos que hay un avance de estas empresas que nos están desfinanciando año tras año”, sostuvo el legislador provincial semanas atrás.
Además de afrontar un pago millonario, Sarandí podría ser sancionada por no haber cumplido con sus obligaciones fiscales. El fallo de la Corte Suprema pide a la Procuracion General de la Nación que emita un dictamen sobre la constitucionalidad o no de la ley que regula el impuesto interno al tabaco para luego analizar el fondo de la controversia.
Al mismo tiempo, el fallo viene tras la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación al capítulo fiscal para la actividad cuando se votaron la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Concretamente, se promueve la suba del impuesto interno a los cigarrillos del 70% al 73% y sugiere la eliminación del Impuesto Mínimo.
La medida fue impulsada por los Gobernadores de las provincias productoras- Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Catamarca, Misiones y Corrientes- y por las empresas agrupadas en la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras de la República Argentina (CANET), además de haber obtenido el visto bueno en una parte del oficialismo.
Fue en medio de ese proceso que el diputado nacional por Salta Carlos Zapata fue sindicado como lobista de Sarandí para evitar que avance el capítulo fiscal. De hecho, el senador Cornejo denunció a Zapata por posible tráfico de influencias: “estaría generando acciones para que el Poder Ejecutivo diera de baja el proyecto”, explicó a este medio.
Ni Zapata del bloque libertario ni Cristian Ritondo del PRO lograron bloquear el proyecto que beneficia a las provincias con producción de tabaco, al Estado Nacional, a los cientos de productores dispersos en siete distritos y a los miles de trabajadores del sector rural. Y, después de tanto, ni la Corte Suprema le dio la razón a Otero.
Al oficialismo le faltó un voto para obtener la ley. El proyecto logró 36 votos a favor y 35 en contra, y la mayoría requerida era de 37.
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