El Diputado Nacional por Salta quedó envuelto en una disputa entre las tabacaleras, razón por la cual fue sindicado como un lobista de un sector que es cuestionado por desfinanciar al Estado y perjudicar las arcas del Fondo Especial del Tabaco. Por ello, el senador por Gral. Güemes radicó una denuncia en su contra pidiendo una investigación a fondo.
Politica06 de abril de 2024 Emiliano Frascaroli
Salta, Argentina. 6 de Abril de 2024.
El Senador provincial por el departamento General Güemes, Enrique Cornejo, denunció al diputado nacional por Salta Carlos Zapata por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en favor de un grupo empresarial tabacalero que se habría gestado en el marco del debate por la Ley Ómnibus en el Congreso.
Cornejo pidió a la fiscalía que investigue si Zapata hizo lobby para frenar el proyecto que establece una suba de la tasa del Impuesto Interno a los cigarrillos del 70% al 73% y que elimina el Impuesto Mínimo. Con ese texto, todas las empresas del sector quedarían igualadas en condiciones en lo que respecta a las obligaciones tributarias, cosa que no sucede en la actualidad.
Sucede que el legislador de La Libertad Avanza y sus pares Diego Santilli y Cristian Ritondo del PRO fueron sindicados por diversas publicaciones periodísticas- de La Nación, Letra P y La Política Online, por ejemplo- como los responsables de bloquear el proyecto del Gobierno, que contaba con el apoyo de la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras de la República Argentina (Canet).
El beneficiario de esas maniobras sería Pablo Otero de Tabacalera Sarandí, la firma que logró fallos judiciales para evitar el pago del impuesto interno mínimo y que avanzó sobre el mercado con declaraciones sobre el precio de los cigarrillos que no se corresponderían con el valor en las ventas diarias (es decir, vendiendo a un precio más bajo que los de sus competidores que sí tributan.
Diario del Valle dialogó con Cornejo, quien sostuvo que Zapata "estaría generando acciones para que el Poder Ejecutivo diera de baja el proyecto", lo que en los hechos perjudica al Estado Nacional y consecuentemente a los productores de tabaco de varias provincias que padecen la baja de recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FED).
"Zapata no es productor, su señora sí lo es. Fue el gerente de la Cámara del Tabaco de Salta y después de una larga historia se desvinculó y pasaron cuestiones particulares. No lo es, pero siempre se intenta atribuir la representatividad de los productores cuando no es un dirigente tabacalero
Tal situación perjudicial para el primer eslabón de la cadena parece no importar a Zapata ya que avaló el accionar disuasivo de “El Señor del Tabaco”, como apodó el presidente Javier Milei a Otero. Al ser consultado por la relación del legislador con el sector, el también síndico de la Cámara tabacalera salteña afirmó que ni siquiera es productor, pero que paradójicamente se arroga facultades de representatividad.
"Zapata no es productor, su señora sí lo es. Fue el gerente de la Cámara del Tabaco de Salta y después de una larga historia se desvinculó y pasaron cuestiones particulares. No lo es, pero siempre se intenta atribuir la representatividad de los productores cuando no es un dirigente tabacalero”, explicó a este medio Cornejo.
Sarandí, que produce y comercializa las marcas secundarias Red Point, Kiel o Nevada, está asociada con la multinacional británica Imperial Brands. Desde 2017 la tabacalera de Otero se ahorró aproximadamente US$ 2.000 millones, según cálculos del sector tabacalero, y en forma paralela avanzó del 8% de participación en el mercado al 40%.
El crecimiento de ese grupo se dio gracias a medidas cautelares que Cornejo calificó como "oscuras" y "contradictorias". La controversia judicial llegó a la Corte Suprema, que ya se expidió sobre la cautelar valorando la doble finalidad del marco impositivo- recaudación del Estado y precio mayor para desalentar el consumo- y prepara un fallo para resolver la cuestión de fondo.
Mientras el Máximo Tribunal analiza la disputa entre Sarandí y las multinacionales Philip Morris y British American Tobacco, “el kirchnerista Zapata”- como fue señalado por Carlos Pagni en LN- y sus laderos en el Congreso buscarían mantener los privilegios impositivos para la firma de Otero a partir de la no equiparación de la carga impositiva.
La CANET apoyó la iniciativa del oficialismo porque iguala condiciones y se evita la recurrente intervención judicial y los conflictos que derivaron en el cierre de una compañía: la santafesina For Men. Otro punto a destacar es que Sarandí ya no es una pequeña empresa toda vez que está asociada con la cuarta tabacalera mundial.
De hecho, en junio del año pasado, cuando las importaciones se encontraban prácticamente cerradas, Sarandí continuaba importando tabaco de Brasil (en ese mes, por US$5,58 millones), pese a que en el mercado interno hay stock para abastecerse, según información a la que accedió LA NACION.
“Hoy el Fondo Especial del Tabaco está recaudando muchísimos menos recursos en valores reales de lo que fue en el 2018, cuando comenzaron las medidas judiciales a favor de Sarandí (…). Vemos que hay un avance de estas empresas que nos están desfinanciando año tras año", añadió Cornejo para explicar el impacto en el sector.
Finalmente, el senador provincial del departamento General Güemes planteó una contradicción en la actitud de Zapata en torno al proyecto del Gobierno. Dijo que la dilación en el tratamiento o el intento de modificar el articulado original han generado una serie de ruidos en el Congreso de la Nación: “Aquí el gran perjudicado es el Estado Nacional por el no pago del tributo interno, que es coparticipable a las provincias y municipios”.
La investigación es por la concesión de terrenos del Estado Provincial a la firma Eco Desarrollo SA. Según los fundamentos, buscan “revisar la legalidad de los acuerdos” tanto por las “condiciones contractuales” como por la “relación entre el gobierno provincial y los titulares de la empresa”. La repercusión en el Valle con los libertarios.
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