Una aspirante a policía evitó un robo en La Merced y destapó la crisis en un hogar de menores donde se fugaron los agresores, dos menores de edad.
La Merced21 de octubre de 2025
Diario del Valle
El hecho ocurrió este sábado alrededor de las cuatro de la tarde en la esquina de calle 25 de Mayo y avenida Hipólito Yrigoyen, en pleno centro de La Merced. Dos adolescentes atacaron a un hombre para robarle el celular en la vía pública, utilizando golpes y amenazas ante la mirada de transeúntes que no sabían cómo intervenir.
En ese momento, una joven aspirante a policía de segundo año decidió actuar. Sin estar de servicio ni portar uniforme, se interpuso entre los agresores y la víctima, logró reducirlos y pidió apoyo inmediato a los motoristas de la Policía que patrullaban la zona. Gracias a su rápida intervención, el teléfono fue recuperado y el hombre no sufrió heridas de gravedad. El caso fue informado a la comisaría local y derivado a la Fiscalía correspondiente.
La escena, sin embargo, no terminó con la detención de los menores. La investigación posterior reveló que los adolescentes se habían fugado del Hogar para Adolescentes Varones “Apapachar”, una institución que depende de la Secretaría de la Niñez y que funciona en el corazón del municipio, frente a la plaza San Martín.
El establecimiento no es nuevo en la historia de la localidad. Su origen se remonta a 2009, cuando durante la gestión del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, el decreto provincial 3775/09 estableció la creación de espacios destinados a la contención y rehabilitación de jóvenes con conflictos penales o problemáticas sociales.
En ese marco surgió el hogar que hoy lleva el nombre “Apapachar”, con la premisa de ofrecer asistencia mediante un equipo interdisciplinario de profesionales.
Sin embargo, según el relato de vecinos y fuentes del lugar, la realidad fue muy distinta a la proyectada en papel.
Con el paso de los años, el establecimiento acumuló episodios de fugas reiteradas, agresiones, consumo de estupefacientes y descontrol institucional, sin que se implementaran medidas efectivas para garantizar la seguridad de los internos ni de la comunidad.
En 2021, bajo la supervisión de la jueza de Familia Claudia Güemes, el hogar fue nuevamente inaugurado, esta vez presentado oficialmente como un “dispositivo terapéutico” para adolescentes con adicciones o patologías duales. El cambio de denominación y enfoque prometía un entorno de acompañamiento profesional, pero la situación, según denuncian los vecinos, no mejoró.
El hogar se encuentra ubicado en un punto neurálgico de La Merced: frente a la plaza principal, a pocos metros del complejo municipal y de la comisaría. Pese a ello, los episodios de fugas y descontrol se repiten con frecuencia.
“No es la primera vez que se escapan ni que cometen delitos”, relató un vecino que pidió reserva de su identidad por temor a represalias. Otros vecinos aseguraron haber visto en distintas ocasiones a internos consumiendo bebidas alcohólicas o drogas en la vía pública, e incluso, en algunos casos, vendiendo estupefacientes a menores en la misma plaza.
Según los testimonios, las denuncias nunca prosperan. Los vecinos afirman que, aun cuando la Policía interviene o los adolescentes son retenidos, regresan al hogar sin sanción ni seguimiento. El miedo, la desconfianza y la falta de respuestas institucionales han generado un clima de tensión en el centro de la localidad.
El accionar de la joven aspirante a policía fue reconocido por los testigos como un acto de valentía y compromiso con el servicio público. Sin embargo, su intervención dejó al descubierto una falla más profunda: la fragilidad del sistema de contención de menores en conflicto con la ley penal.
La situación del hogar “Apapachar” se suma a una serie de casos similares registrados en distintos puntos de la provincia, donde instituciones bajo la órbita estatal acumulan denuncias por falta de control, recursos insuficientes y ausencia de políticas efectivas de rehabilitación.
El caso ocurrido este fin de semana en La Merced volvió a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los dispositivos para menores en conflicto con la ley y las condiciones en que funcionan los hogares bajo la órbita de la Secretaría de la Niñez, un reclamo que crece desde hace años sin resultados concretos.
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