El Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei y dejó firmes las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica del Garrahan.
Politica03 de octubre de 2025
Diario del Valle
En una sesión extensa, el Senado de la Nación rechazó este jueves 2 de octubre los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes de alto impacto social: la de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. Con mayorías de dos tercios, la Cámara alta insistió en la sanción de ambas normas y dejó sin efecto la decisión del Poder Ejecutivo, en lo que constituye un hecho inédito en la historia institucional reciente del país.
El debate se prolongó durante más de seis horas y culminó con votaciones que marcaron la distancia entre el oficialismo y la oposición en temas sensibles como salud y educación. La ley de emergencia pediátrica fue ratificada con 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. En el caso del financiamiento universitario, la insistencia se impuso con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Los votos negativos correspondieron en su totalidad a senadores de La Libertad Avanza, mientras que algunas abstenciones provinieron del PRO y de la UCR.
Con la decisión del Senado, ya son tres las leyes ratificadas por el Congreso pese al veto presidencial en lo que va del año. Desde el regreso de la democracia en 1983 no existía un antecedente de este tipo. La Constitución Nacional prevé la posibilidad de que el Congreso insista en sus decisiones con mayoría agravada, pero hasta ahora ese mecanismo había sido excepcional y poco utilizado.
Ahora, con el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, se refuerza la tensión entre el Poder Legislativo y la Casa Rosada, que había vetado ambas normas el pasado 10 de septiembre por considerarlas contrarias al equilibrio fiscal.
La ley ratificada por el Congreso declara la emergencia sanitaria del sistema de salud pediátrico y de las residencias nacionales en salud por el término de dos años. Entre sus puntos centrales, dispone la asignación prioritaria de recursos presupuestarios para medicamentos, insumos críticos, infraestructura hospitalaria, vacunas, tecnología médica y personal destinado a la atención pediátrica.
El texto también contempla una recomposición salarial para médicos, enfermeros, personal de apoyo y residentes, con el objetivo de equiparar y reconocer funciones críticas dentro del sistema. Según cálculos de la Oficina Nacional de Presupuesto, la implementación de estas medidas demandaría un gasto adicional anual de alrededor de 133 mil millones de pesos.
La segunda norma ratificada actualiza el presupuesto de las universidades nacionales, hospitales universitarios, programas de ciencia y tecnología y proyectos de extensión. Se establece que las partidas se ajusten al 1° de enero de 2025 en función de la inflación acumulada durante 2023 y 2024, con la obligación de actualizaciones bimestrales posteriores según el Índice de Precios al Consumidor.
Además, incluye la recomposición de los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con incrementos posteriores mensuales de acuerdo con el índice de inflación. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación completa de la norma representaría un costo fiscal del 0,23% del PBI.
El 10 de septiembre, el Gobierno nacional formalizó el veto a ambas iniciativas mediante los decretos 647 y 651 de 2025. En sus fundamentos, el Ejecutivo advirtió que los proyectos generaban un “incremento desproporcionado del gasto público” sin que existieran recursos genuinos para financiarlos. El presidente Milei sostuvo que esas medidas ponían en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado y que, aunque respondieran a “causas nobles”, significaban un retroceso en el esfuerzo por sostener la estabilidad macroeconómica.
El argumento central del oficialismo fue que tanto la ley universitaria como la de emergencia pediátrica creaban compromisos imposibles de cumplir sin recurrir a la emisión monetaria o al endeudamiento, lo cual podría derivar en más inflación y afectar a los sectores vulnerables.
El resultado de la votación fue celebrado por representantes de universidades nacionales, gremios docentes y colectivos de profesionales de la salud. Para la oposición, la insistencia del Congreso representa un freno a la visión de ajuste del Ejecutivo y una reafirmación del rol parlamentario en la definición de políticas públicas.
En cambio, desde La Libertad Avanza calificaron la decisión como un acto de “irresponsabilidad fiscal” y advirtieron que el cumplimiento de estas leyes comprometerá el plan económico del Gobierno. No obstante, tras el rechazo de los vetos, el Ejecutivo está obligado a promulgar ambas normas.
La sesión dejó en evidencia un escenario político de creciente confrontación entre el oficialismo y una oposición cada vez más articulada, con el Congreso como espacio de disputa central. En ese marco, la vigencia de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica constituye no solo un alivio para sectores críticos de la sociedad, sino también un nuevo capítulo en la relación de fuerzas entre el Parlamento y la Casa Rosada.
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