El Gobierno de Javier Milei no inauguró ninguna obra pública nacional desde diciembre de 2023. Más del 70% de los proyectos heredados fueron suspendidos y no hay nuevas licitaciones activas.
Politica07 de julio de 2025
Diario del Valle
La gestión del presidente Javier Milei, iniciada en diciembre de 2023, registra hasta la fecha una paralización casi total de la obra pública financiada con recursos nacionales. Según datos relevados por medios de prestigio y fuentes oficiales, el Ejecutivo suspendió más del 70% de las 2.337 obras que estaban activas al momento del traspaso de mando, sin que se hayan registrado nuevas inauguraciones de infraestructura relevante en salud, educación, transporte o vivienda social.
De acuerdo con información publicada por Chequeado, más del 50% de los proyectos en curso no tuvo avances físicos entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. A su vez, un informe de La Nación detalló que la inversión pública cayó un 87% en términos reales durante los primeros meses de gestión, lo que representa una contracción sin precedentes en la historia reciente.
Entre las iniciativas paralizadas se encuentran hospitales provinciales financiados parcialmente por Nación, programas de pavimentación de rutas nacionales, obras de saneamiento y planes federales de vivienda. La drástica reducción de partidas presupuestarias respondió a la política de recorte fiscal impulsada por el Gobierno bajo el concepto de “motosierra”, que implicó la eliminación de buena parte de los fondos destinados a infraestructura y asistencia a provincias.
El diario El País caracterizó la situación como un “desguace del Estado” que impacta en la actividad económica y genera tensiones con las administraciones provinciales. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, denunció que unas mil obras fueron paralizadas, muchas de las cuales requerían continuidad para evitar su deterioro o la pérdida de inversión previa.
A pesar de la magnitud del ajuste, el Ejecutivo sostiene que el esquema responde a una nueva orientación que prioriza el equilibrio fiscal y la eventual participación privada en proyectos de infraestructura. En ese marco, la única licitación impulsada hasta ahora corresponde a la ampliación del gasoducto Vaca Muerta, bajo un régimen de iniciativa privada promovido por el Ministerio de Economía, según consignó Infobae.
Especialistas advierten que la obra pública constituye un motor clave de la economía nacional. Un informe de Perfil señaló que un aumento del 1% del PBI en inversión pública puede derivar en un crecimiento económico del 2,7%, además de un incremento de la inversión privada y del empleo formal. La suspensión de proyectos, remarcan, no sólo afecta el desarrollo de infraestructura estratégica sino que compromete la recuperación económica tras años de recesión.
La falta de anuncios de nuevas aperturas y la ausencia de proyectos en ejecución contrastan con la importancia histórica de la inversión estatal en Argentina. Desde la recuperación democrática, todos los gobiernos mantuvieron planes activos de obra pública como instrumento de desarrollo. La decisión actual de transferir responsabilidades a las provincias generó un escenario fragmentado, donde cada jurisdicción debe definir si dispone de recursos propios para completar proyectos inconclusos.
En la práctica, esto ha implicado que varias provincias deban absorber compromisos previamente asumidos por Nación. Obras de escuelas, hospitales, centros culturales y rutas quedaron bajo la órbita de los gobiernos locales, que afrontan un contexto financiero restrictivo y dificultades para sostener los cronogramas originales.
Mientras tanto, organizaciones sindicales y cámaras empresarias vinculadas a la construcción advirtieron sobre la pérdida de miles de puestos de trabajo. Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción, el empleo formal en el sector cayó más de un 30% en el primer cuatrimestre de 2024.
Hasta el momento, no hay confirmación oficial de proyectos de obra pública que puedan revertir esta tendencia. El modelo propuesto por el oficialismo sostiene que el mercado privado asumirá eventualmente el rol de dinamizador de la infraestructura, aunque no se han difundido pliegos de nuevas iniciativas ni cronogramas concretos de ejecución.
En síntesis, la paralización de la obra pública nacional configura uno de los rasgos más significativos de la administración Milei, que hasta ahora no ha inaugurado ni un solo hospital, ruta, centro de salud o establecimiento educativo financiado con recursos federales, en un país con amplias necesidades de inversión básica y generación de empleo.
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