En pleno conflicto por la Ley de Financiamiento que fue vetada por Milei, la Casa Rosada anunció que modificara los criterios para distribuir los recursos y habilitaría a las casas de estudios a cobrar un arancel para extranjeros.
Politica05 de octubre de 2024
Diario del Valle
El Gobierno nacional tiene previsto habilitar a las Universidades Nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. La medida se aplicaría en los próximos días a través de la reglamentación de la Ley Bases, cuyo texto tuvo un capítulo particular referido a la educación.
De acuerdo con versiones periodísticas, el texto ya está listo y será oficializado en los próximos días. El anuncio estaría a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien extendería también su aplicación a la secretaria de Educación a cargo de Carlos Torrendell, a quien señalan como arquitecto del decreto.
Pero la fecha para la publicación de la nueva normativa educativa podría posponerse habida cuenta el conflicto abierto por la Casa Rosada con el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Como informó Diario del Valle, en la convocatoria a la Marcha Federal realizada el 2 de octubre ya se había adelantado que habría protestas si el Jefe de Estado ratificaba el veto, cosa que sucedió horas después de la movilización.
Sea cual fuere la fecha que elija el Gobierno para hacerlo, la postura de avanzar con el arancelamiento de la educación universitaria para extranjeros no residentes fue plasmada en la Ley Bases sancionada meses atrás. Tal giro en el sistema universitario quedaría en manos de las autoridades de las casas de estudios, quienes podrían decidir si cobran o no la cursada a estudiantes que no son del país, algo que actualmente está prohibido.
Desde las Universidades Nacionales remarcaron públicamente que la mayoría de las casas de estudios del país no acepta extranjeros que no tengan residencia en la Argentina, es decir que cuenten con su DNI. Por supuesto, también hubo replicas desde la Cámara de Diputados, que deberá sesionar la semana próxima para tratar el veto de Milei.
“En las universidades nacionales no cursan extranjeros no residentes. Hay convenios de intercambio en los que pueden acceder no residentes, que pueden estar fuertemente arancelados o no, depende de los términos del convenio y representan un número ínfimo dentro de la cursada total”, afirmó en sus redes sociales la diputada Vanina Biasi.
Para la legisladora del Frente de Izquierda, el anuncio de La Libertad Avanza es “humo para inocular una división entre ‘nativos’ y ‘extranjeros’ y para desviar la atención de la estafa de gobierno que es el de Milei”. En su publicación, Biasi pidió la renuncia del subsecretario de políticas universitarias Alejandro “Gallego” Álvarez “por usurpar un cargo y título”, como reveló la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante el pedido de información del legislador porteño Gabriel Solano.
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL CONTRA LAS FAKE NEWS DE LLA
Las Universidades Nacionales también encendieron las alarmas por otro punto de la reforma libertaria en la educación: la posibilidad de que apliquen una asignación de recursos siguiendo una pauta que incluiría cantidad de estudiantes y su rendimiento en la cursada. Sobre esto se había expresado el propio secretario Torrendell al afirmar que las casas de estudios se “inventan estudiantes” para exigir por presupuesto.
"Las universidades públicas de Argentina se pronuncian ante la difusión de una serie de mentiras que las involucran", comienza el texto difundido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que aborda las 5 mentiras y 5 verdades. Una de ellas refuta al funcionario nacional.
Y señala que es falsa la afirmación de Torrendell: “En Argentina el presupuesto universitario no se asigna a las universidades por cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y nodocentes gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología”.
También la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández de Piccolli, salió al cruce de Torrendell y en una entrevista afirmó: “Quieren generar la sensación como si en las Universidades tuviésemos un troll center anotando estudiantes para chorearse la guita cuando, en realidad, ni si quiera se reparte el Presupuesto en base a eso”.
El CIN, además, remarca que es falsa la afirmación de que “los pobres no están en las universidades”- expresadas por varios libertarios, como el diputado José Luis Espert- porque “el 48,5% de los estudiantes inscriptos en materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza”.
Asimismo, agregan que “casi siete de cada diez alumnos de los 2 millones que componen el sistema universitario público argentino tiene padres y madres que no fueron a la universidad: son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior”.
En la comparativa de mentira/verdad, el comunicado advierte que es falso que “no se auditan lo que gastan” las universidades. Esto es así porque, explican, el 90% de los fondos son para los salarios y un 10% va para gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones un mínimo equipamiento) que se rinden.
“Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas (incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nacion). Tienen auditorías internas propias y externas del congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU. Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto”, agregaron en referencia a que la ministra Sandra Pettovello está al tanto de ello.
La reglamentación de la Ley Bases en materia educativa por parte del Gobierno, entonces, podría profundizar el conflicto con la comunidad universitaria en particular y con la sociedad que está a favor de los reclamos de la misma en general. Tal vez el gobierno de Milei quiera profundizarlo. Entretanto, en el Congreso cada vez son más las voces que se pronuncian en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras los gremios anticipan movilizaciones callejeras.
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