El Presidente emitió un comunicado para justificar el veto a la ley que establecía un incremento salarial para docentes y no docentes y actualizaba las partidas presupuestarias para el normal funcionamiento institucional. Los detalles.
Politica03 de octubre de 2024
Diario del Valle
Apenas unas horas después de que miles de personas marcharan en todo el país en defensa de la Universidad Pública, Javier Milei anunció el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en el Congreso. Tal postura quedó ratificada hoy con la publicación del decreto en el Boletín Oficial.
Según el Gobierno nacional, la ley que incrementa los salarios de docentes y del personal administrativo y que actualiza las partidas presupuestarias es un proyecto “irresponsable de aumento del gasto público” que “no contempla una partida presupuestaria específica y atenta contra el equilibrio fiscal”.
“Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025”, sostuvo la Casa Rosada en un comunicado oficial.
A pesar del veto a la ley, paradójicamente el Gobierno libertario dijo que “reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”.
La misiva también incluye un dardo político tal vez insólito: sostiene que la manifestación política de este 2 de octubre fue digitada por Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martin Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, “quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente”.
“Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nombres con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”, finaliza el texto de la “Oficina del Presidente”.
En el decreto 879/2024, el Gobierno de Milei señala que el proyecto vetado “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Por ello, ha devuelto la medida al Parlamento.
La ley aprobada en el Congreso establece una recomposición salarial del personal docente y no docente desde el 1° de diciembre de 2023 y hasta la fecha de la sanción del proyecto, con la impronta de que los ingresos se actualicen de acuerdo con el proceso inflacionario. Asimismo, la normativa incrementa las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de estudios por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y propone un ajuste bimestral por el año en curso.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el incremento salarial y de las partidas para este año tendría un “impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”. El subsecretario de Políticas Universitarias de Milei, Alejandro Álvarez, habló de “populismo legislativo” por el aumento de los salarios y sugirió que implicaría 1,2 billones de pesos “lo cual es completamente inviable”, dijo en Radio Mitre.
Tal como informó Diario del Valle, los números que manejan en la Casa Rosada difieren de la proyección de la OPC, al igual que con la ley que subía las jubilaciones. En ambos casos, la cifra que supuestamente el Estado Nacional tenía que invertir superaba con creces los cálculos del organismo especializado. Con esa estrategia, el gobierno de Milei dijo que tanto los aumentos salariales a trabajadores como el aumento de los haberes atentaban contra el equilibrio fiscal.
Con el veto de la Ley de Financiamiento Universitario, ahora el debate político se traslada al Congreso, que debe conseguir los dos tercios de los votos para insistir con la normativa que volteo el Ejecutivo, algo que ya fue anunciado desde la oposición. Por supuesto, para tal fin los bloques de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda necesitan el acompañamiento de bloques “dialoguistas” con el Gobierno de La Libertad Avanza + PRO, como la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal.
En la marcha de ayer participaron algunos dirigentes “dialoguistas” como los senadores radicales Martin Lousteau y Pablo Blanco. También lo hizo el diputado Oscar Agost Carreño, quien integra el bloque Encuento Federal que lidera el rionegrino Miguel Ángel Pichetto. También se expresaron a favor de la ley desde Innovación Federal, el espacio provincialista que integran los salteños Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega. Como sea, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, Cristina Fiore, se manifestó a favor de la ley. Tal vez haya sido el anticipo de las posturas de Calletti, Outes y Vega.
Así las cosas, pareciera ser que el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario no podrá ser blindado como sí ocurrió con el veto a la Ley de los Jubilados, para lo cual la Casa Rosada pudo "convencer" a diputados radicales para que cambiaran la intención de su voto. Este medio ya anticipó las posturas de los libertarios Carlos Zapata, Julio Moreno y María Emilia Orozco (en contra de la ley) y del peronista Emiliano Estrada (a favor de la ley). Las expresiones en la marcha de ayer lo confirmaron y, además, dejaron un halo de esperanza con las posturas de los "dialoguistas".
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