
Nuevo aumento de la boleta de luz en Salta: impacta en septiembre
La boleta de la luz en Salta sube 1,3% en septiembre. El Enresp aprobó un nuevo cuadro tarifario que suma ajustes nacionales y provinciales.
Tras una denuncia del municipio, imputaron a un hombre de barrio San Antonio, por vender cajas de leche en polvo que pertenecían a un programa de asistencia
Salta28 de agosto de 202428 de agosto de 2024
En un reciente operativo llevado a cabo en el barrio San Antonio de la ciudad de Salta, un hombre fue imputado por vender cajas de leche en polvo que estaban destinadas a programas de asistencia social. Este hecho se produjo tras una denuncia realizada por la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Salta, encabezada por Miguel Nuñez Najle, en el mes de julio. La situación generó indignación en la comunidad, ya que se trata de alimentos esenciales que deberían llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Todo comenzó el 12 de julio cuando un vecino del barrio San Antonio se acercó a las oficinas de la municipalidad para informar sobre la venta irregular de productos alimenticios. Según relató el denunciante, en un comercio del barrio se podían ver cajas de leche en polvo en las góndolas que llevaban la leyenda "Prohibida su venta". Estas cajas, que son parte de los programas sociales de asistencia alimentaria, no deberían estar a la venta bajo ninguna circunstancia, lo que levantó las sospechas de las autoridades municipales.
La denuncia fue inmediatamente derivada a la Dirección de Control Comercial de la Municipalidad de Salta, quienes procedieron a realizar una inspección en el comercio mencionado. Durante el operativo, no solo se constató la presencia de las cajas de leche destinadas a la asistencia social, sino también de otros productos que se encontraban vencidos, aumentando la gravedad de la infracción.
Tras confirmar los hechos denunciados, el 17 de julio, el secretario Miguel Nuñez Najle formalizó la denuncia vía web ante las autoridades competentes. Esto dio pie a una investigación más exhaustiva por parte de la fiscalía de Delitos Económicos, que rápidamente comenzó a reunir pruebas y testimonios para proceder con el caso.
El pasado lunes, como resultado de esta investigación, se llevó a cabo un operativo intenso en el comercio del barrio San Antonio. Este operativo, ordenado por la fiscalía, permitió el secuestro de más de 40 cajas de leche en polvo que estaban siendo comercializadas de manera ilegal. Este hecho no solo constituye una violación a las normativas municipales y nacionales sobre la distribución de alimentos para asistencia social, sino que también representa un acto de deshonestidad y falta de ética, aprovechándose de recursos destinados a quienes más lo necesitan.
El martes siguiente al operativo, el hombre responsable del comercio fue imputado por la venta ilegal de alimentos destinados a programas de asistencia social. Aunque aún no se ha dado a conocer el nombre del imputado, se espera que enfrente cargos por delitos económicos y posibles penas de prisión, además de la incautación de los bienes relacionados con el delito.
La Municipalidad de Salta, a través de su Secretaría Legal y Técnica, ha manifestado su compromiso de seguir de cerca este caso y de aplicar todas las sanciones legales correspondientes. Asimismo, se hizo un llamado a la comunidad para que continúe colaborando con las autoridades, denunciando cualquier irregularidad que se detecte en la distribución de alimentos o recursos destinados a los programas sociales.
Este hecho ha causado gran conmoción entre los vecinos de Salta, quienes se ven afectados no solo por el acto delictivo en sí, sino también por la sensación de vulnerabilidad que genera saber que los recursos destinados a los más necesitados pueden ser objeto de abuso. Las autoridades han reiterado la importancia de asegurar que estos alimentos lleguen a quienes realmente los necesitan, y han prometido fortalecer los controles para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
La comunidad salteña espera que se haga justicia y que se refuercen las medidas de control para proteger los recursos públicos destinados a los más vulnerables.
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