Quijano: Aseguran que el peaje a mineras es inconstitucional

4 de junio de 2024

La propuesta del concejal Lupi Cruz para que las empresas mineras paguen un peaje al atravesar el municipio de Campo Quijano ha generado una fuerte polémica en Salta. Esta iniciativa, según el presidente de la Cámara Salteña de Minería, Simón Pérez Alsina, es un claro ejemplo de “populismo inentendible” que podría tener consecuencias negativas para la economía local.

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En una entrevista con FM Aries, Pérez Alsina expresó su rechazo hacia el proyecto de Cruz, subrayando que Campo Quijano es una zona crucial para la actividad minera debido a su ubicación estratégica. “Campo Quijano es un paso obligado para el sector minero y genera un círculo virtuoso porque se consumen bienes y servicios locales. Además, un porcentaje considerable de los trabajadores en las minas proviene de la zona. La gente evitará o esquivará Campo Quijano”, señaló el dirigente.

La crítica de Pérez Alsina se centra en la idea de que imponer un peaje a las mineras no solo desalentaría el tránsito de vehículos por la zona, sino que también afectaría el comercio y el empleo local. Según él, las empresas mineras podrían buscar rutas alternativas para evitar el peaje, lo que resultaría en una disminución del consumo de bienes y servicios en Campo Quijano, perjudicando a los negocios locales y a los trabajadores que dependen de esta actividad.

Además de las consideraciones económicas, Pérez Alsina argumentó que la propuesta de Cruz es jurídicamente inviable. “De aprobarse, sería impracticable, ya que cualquier juez en diez minutos lo declara inconstitucional por ser ilegal”, afirmó. Esta declaración sugiere que el peaje propuesto vulneraría principios legales básicos, lo que haría que cualquier intento de implementación fuera rápidamente desestimado por el sistema judicial.

El edil Lupi Cruz, conocido por su estilo populista, defiende su propuesta alegando que busca generar ingresos adicionales para el municipio y garantizar que las empresas mineras contribuyan de manera justa al desarrollo local. Sin embargo, esta postura ha sido fuertemente cuestionada por sectores que consideran que la medida es contraproducente y que no ha sido suficientemente analizada en términos de sus posibles repercusiones económicas y legales.

La controversia en torno al peaje propuesto por Cruz pone de relieve las tensiones entre el deseo de maximizar los ingresos municipales y la necesidad de fomentar un entorno favorable para las inversiones y el desarrollo económico. Mientras algunos ven en el peaje una oportunidad para aumentar los recursos del municipio, otros lo perciben como un obstáculo innecesario que podría disuadir a las empresas mineras de operar en la zona.

En última instancia, la viabilidad de la propuesta dependerá de un análisis cuidadoso de sus implicaciones legales y económicas, así como de un debate abierto y constructivo entre los distintos actores involucrados. Por ahora, la oposición de la Cámara Salteña de Minería y las dudas sobre la constitucionalidad del peaje plantean serios desafíos para la implementación del proyecto de Lupi Cruz.

La situación sigue siendo objeto de intenso debate en la región, y será crucial observar cómo evolucionan las discusiones y qué decisiones se toman para equilibrar los intereses de desarrollo económico con la necesidad de ingresos municipales.