Hay un artículo que habilita a que cualquier persona pueda quedarse con tierras estatales por el “silencio administrativo”. Qué terrenos peligran en Salta.
Politica14 de mayo de 2024
Diario del Valle
La senadora nacional Juliana Di Tullio reveló que el artículo 31 de la Ley Bases habilita el remate de tierras fiscales o de patrimonio público ante el “silencio administrativo” o “la ambigüedad” de la normativa. En concreto, si un privado quiere hacerse de terrenos que están en manos del Estado, basta con hacer una presentación y esperar 60 días sin una respuesta formal para que se concrete el procedimiento.
Di Tullio puso de ejemplo las tierras fiscales del Ferrocarril Sarmiento en Buenos Aires y el abogado expositor Carlos Nielsen Enemark confirmó que, si no hay una contestación en 60 días, la respuesta es positiva: “Sí, en los términos del artículo, sí… es positiva”. “Entonces, si el silencio es positivo y no me contesta en 60 días, pelito pa’ la vieja y esa tierra es mía. Me suena a un montón de negocios inmobiliarios”, apuntó la legisladora del bloque peronista Unión por la Patria. El abogado asintió.
“Cuando una norma exija una autorización u otra conformidad administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento”, reza el inciso b) del artículo que modifica la Ley 19.459.
Y si bien se aclara que tal inciso no será aplicable en salud, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, en el último párrafo señala: “Configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa”.
Las modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo que propusieron desde el gobierno de Javier Milei se complementan con las privatizaciones de empresas estatales. En el caso de Ferrocarriles y Belgrano Cargas, ya no solo se busca concesionar el servicio a un privado, sino directamente vender la propiedad de las líneas incluyendo material rodante, vías y estaciones, tal como anticipó Diario del Valle.
En las críticas vertidas por la senadora Di Tullio aparece la posibilidad de hacer negocios con tierras fiscales, con lo cual se revivió el debate por el interés corporativo detrás de la redacción del proyecto. Cabe recordar que el texto original de la Ley Ómnibus fue escrito por Federico Sturzenegger y estudios jurídicos de grandes empresas, entre las cuales se encontrarían desarrolladores inmobiliarios.
De hecho, el guiño de la administración libertaria al sector inmobiliario fue expuesto con la derogación a la Ley de Alquileres mediante un decreto de necesidad y urgencia vigente desde diciembre del 2023. Ahora el bloque opositor de Unión por la Patria puso la lupa en el “silencio administrativo” que permitiría avanzar sobre tierras fiscales.
El abogado expositor Nielsen Enemark dijo que, en caso de ser aprobada tal como está la Ley Bases, “va a sufrir cuestionamientos (judiciales) de toda índole; va a generar más problemas que soluciones”. “Hay consecuencias patrimoniales graves para el Estado que no son posibles de mensurar (…). Los que tienen posibilidad de actuar contra el Estado son las grandes corporaciones, que hoy son las que se verían beneficiadas con este proyecto de ley”, añadió.
Durante su ponencia en el plenario de comisiones del Senado, el experto señaló: “Se debe poner de resalto que este proyecto tiene una matriz pensada para entregar el Estado, o los recursos del Estado, a ciertos sectores privados a través de una fuerte protección del derecho de propiedad y de garantizar el debido proceso adjetivo. Este proyecto esta desalineado con los conceptos de la Corte Interamericana y con el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos”.
El “silencio administrativo” propuesto por La Libertad Avanza afectaría a la mayor parte de la población salteña toda vez que se podrían seguir concentrando tierras en manos de privados, en muchos casos de origen extranjero. Va en sintonía con el DNU que derogo la Ley de Tierras sancionada en 2011 y establecía límites al territorio que puede estar en manos extranjeras y, además, del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Como explicó este medio, el RIGI exime de varios impuestos a las empresas que decidan invertir 200 millones de dólares o más en ciertas actividades: minería, petróleo, agroindustria, sector forestal. Incluso más: les garantiza que no habrá modificaciones en el marco regulatorio de ningún tipo (fiscal, penal, ambiental) por 30 años, libera las exportaciones y habilita la libre disponibilidad de divisas. Beneficios que no son aplicables para empresas locales que pagan todos sus tributos.
Así las cosas, la ambigüedad o el silencio administrativo podría habilitar el remate de tierras fiscales, incluidas las que están en la Puna donde se encuentran los recursos minerales más codiciados por las grandes empresas. Y con el RIGI, el negocio queda exento de impuestos por treinta años, con la posibilidad de exportar la materia prima al exterior.
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