Libertad condicional para el exobispo Gustavo Zanchetta: polémica decisión judicial en Salta reaviva el dolor de las víctimas y el reclamo de justicia.
Salta26 de septiembre de 2025
Diario del Valle
El Tribunal de Impugnación de Salta otorgó la libertad condicional al exobispo Gustavo Zanchetta, condenado en 2022 a cuatro años y seis meses de prisión por abuso sexual agravado contra dos exseminaristas de la Diócesis de Orán. La medida, que contradice las resoluciones del tribunal de Orán, encendió nuevamente el malestar social y el reclamo de las víctimas, quienes consideran que la Justicia nunca garantizó un cumplimiento real de la condena.
La resolución del Tribunal de Impugnación marca un giro controvertido en un caso que desde el inicio estuvo rodeado de cuestionamientos. Mientras los jueces de Orán rechazaron en reiteradas oportunidades otorgar beneficios a Zanchetta, desde los tribunales de la capital provincial se fue consolidando un camino de excepciones. Primero se autorizó la prisión domiciliaria en un convento, luego un viaje a Italia y ahora, finalmente, la libertad condicional anticipada.
El contraste entre ambos criterios judiciales provoca un fuerte ruido en la opinión pública y alimenta la percepción de privilegios. Las víctimas, que desde 2019 vienen transitando un proceso complejo, expresaron su indignación frente a la medida. “Zanchetta nunca cumplió la condena como correspondía”, remarcaron los exseminaristas, para quienes cada beneficio otorgado constituye una herida más y un mensaje de impunidad.
El fallo no solo tiene consecuencias en el plano judicial, sino también en el social y eclesiástico. La decisión genera una fuerte sensación de injusticia en Orán y en gran parte de la provincia de Salta, donde la condena social hacia Zanchetta se mantiene intacta. Para las familias de las víctimas, esta medida vuelve a poner en evidencia una Justicia desigual y desconectada de las demandas de la comunidad.
El actual Obispo de Orán, Luis Scozzina, se encuentra en el centro de la polémica. Según denuncian allegados a los exseminaristas, Scozzina permitió que Zanchetta utilizara instalaciones de la diócesis y evitó pronunciarse públicamente sobre la gravedad del caso. Esa actitud es interpretada como un intento de minimizar los hechos, lo que aumenta el malestar de quienes esperan un mayor acompañamiento institucional.
Durante el proceso judicial, la Iglesia del norte argentino mostró profundas divisiones. Algunos sacerdotes denunciaron abiertamente a Zanchetta y exigieron justicia, mientras otros lo defendieron incluso después de confirmada la condena. Esa grieta interna, lejos de cerrarse, vuelve a quedar expuesta con esta resolución del Tribunal de Impugnación.
Zanchetta, designado obispo de Orán en 2013 por el Papa Francisco, fue denunciado en 2019 y condenado en 2022 por abuso sexual continuado y agravado contra dos seminaristas adultos. Desde entonces, su cumplimiento de la condena estuvo marcado por excepciones.
Primero se le concedió la prisión domiciliaria en un convento de la capital salteña, en un régimen más flexible que el de otros condenados. Luego recibió autorización judicial para viajar a Europa, bajo el argumento de realizar un tratamiento médico, lo que generó fuertes críticas de organizaciones de víctimas de abuso dentro de la Iglesia. Ahora, con la libertad condicional otorgada antes de cumplir el total de la pena, se profundizan las sospechas de un trato preferencial.
Para las víctimas, la nueva medida no solo representa un golpe emocional, sino también un retroceso en la lucha contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia. “Cada beneficio es un mensaje de impunidad”, afirmaron los exseminaristas, quienes remarcan que Zanchetta nunca estuvo preso en condiciones equivalentes a las de otros condenados.
La resolución también despierta alarma en sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, que consideran que el fallo sienta un precedente negativo. El temor es que la libertad condicional a Zanchetta sea interpretada como una señal de indulgencia en casos de abuso sexual eclesiástico, debilitando el trabajo de años para que las víctimas se animen a denunciar.
El caso Zanchetta vuelve a dejar al descubierto las tensiones entre Justicia, Iglesia y sociedad. Mientras algunos sectores reclaman que la libertad condicional es un derecho previsto por la ley, otros insisten en que en este caso puntual los beneficios se aplicaron con demasiada generosidad y sin contemplar el impacto social.
En definitiva, el exobispo nunca estuvo preso en un régimen común. Sus pasos por conventos, viajes internacionales y ahora la libertad condicional antes de tiempo alimentan la percepción de que recibió un trato excepcional. Para las víctimas, se trata de un símbolo de impunidad que seguirá marcando la historia judicial y eclesiástica del norte argentino.
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