El presidente vetó el aumento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad a través del Decreto 534/2025 por su alto impacto fiscal.
Politica04 de agosto de 2025
Diario del Valle
En un nuevo giro en el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, el presidente Javier Milei vetó el aumento a los jubilados, la reinstalación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La medida fue formalizada mediante el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial este lunes por la madrugada. El texto argumenta que las leyes aprobadas recientemente presentan serias inconsistencias reglamentarias y comprometen la estabilidad financiera del Estado.
Según el Gobierno nacional, la implementación de estas normas implicaría un gasto superior a los $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026. En los fundamentos del decreto, se sostiene que este incremento del gasto público carece de fuentes de financiamiento sostenibles, presenta serias deficiencias técnicas y atentaría contra el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de la administración libertaria.
Además del costo económico, el Ejecutivo cuestionó el procedimiento legislativo seguido en el Senado, denunciando “graves vicios reglamentarios” y la utilización de mayorías inadecuadas para su aprobación. Desde la Casa Rosada se remarcó que estas irregularidades no sólo afectan la validez jurídica de las leyes, sino que también debilitan la institucionalidad del proceso legislativo.
Entre los proyectos vetados se encuentra la ley que modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria. La misma preveía un aumento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, así como una ayuda económica de hasta $110.000 para determinados beneficiarios del sistema previsional. El Gobierno criticó la iniciativa por considerar que no contempla una fuente de financiamiento realista y que su aplicación implicaría una erogación masiva sin respaldo presupuestario.
El decreto señala que las fuentes de recursos previstas, como la eliminación de exenciones impositivas y cambios en la recaudación de Ganancias, tendrían un impacto fiscal marginal. Además, se consideró que la norma introducía modificaciones técnicas inaplicables o de difícil implementación, lo que sumaría incertidumbre al sistema previsional.
El segundo proyecto vetado restablecía la moratoria previsional y ampliaba el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En el texto del decreto, el Ejecutivo sostuvo que esta ley “socava los incentivos a la formalidad laboral”, al permitir el acceso a beneficios sin aportes suficientes. También se argumentó que consolidaría un sistema previsional dual, en el que quienes cumplieron con todos los aportes se verían perjudicados frente a quienes acceden por vía de excepción.
Para la administración Milei, este tipo de esquemas debilita la sustentabilidad del régimen previsional contributivo y genera desigualdades estructurales. El Gobierno sostuvo que, sin reformas estructurales de fondo, medidas de este tipo tienden a agravar el déficit previsional.
El tercer veto presidencial recayó sobre la ley que declaraba la emergencia en discapacidad y preveía el otorgamiento de nuevas pensiones no contributivas. De acuerdo con los argumentos del decreto, esta normativa ampliaría masivamente el universo de beneficiarios, incluyendo a aproximadamente 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que implicaría un aumento considerable en el gasto público.
Además, se alertó sobre el impacto que tendría la norma en programas como el “Incluir Salud” y en el sistema de salud pública en general. El Ejecutivo sostuvo que esta expansión de prestaciones no fue acompañada de una evaluación técnica, ni de mecanismos de control o financiamiento adecuados, lo que podría derivar en desfinanciamiento y colapso de servicios esenciales.
Con los vetos ya publicados, ahora el foco se traslada al Congreso Nacional. Para revertir las decisiones del Ejecutivo, la oposición debería reunir una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados, una meta difícil pero no imposible si logra articular un bloque amplio.
Si bien en el Senado las leyes contaron con amplio respaldo, el oficialismo confía en que podrá impedir un eventual intento de insistencia en Diputados. La estrategia de La Libertad Avanza se basa en sostener su núcleo de 39 legisladores propios, sumar aliados del MID, y buscar coincidencias con sectores del radicalismo y del PRO. Esta ingeniería legislativa está estrechamente ligada a negociaciones paralelas, como la posibilidad de conformar frentes electorales en distritos clave.
En paralelo, Karina Milei mantiene conversaciones con gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan), buscando acuerdos políticos que fortalezcan el bloque oficialista y aseguren votos determinantes en el recinto.
Por su parte, la oposición convocó a una sesión especial para el próximo miércoles, en la que se tratarán iniciativas vinculadas al financiamiento universitario, hospitales pediátricos y coparticipación del impuesto a los combustibles. El temario podría sumar presión sobre el oficialismo, que por el momento mantiene su postura firme en defensa del ajuste fiscal y la reducción del gasto estructural.
Decreto 534/2025 disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/17XnrA4ngbv8SX5qa4nMyRYztY0h1eT2s/view?pli=1
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