Empleadas domésticas reclaman tarifa social por el costo del colectivo

La semana pasada, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) aprobó un fuerte aumento en el boleto urbano de colectivo de SAETA, que pasó de $890 a $1.150 a partir del 19 de junio. Los fundamentos incluyeron el alza en salarios, combustibles, inflación acumulada y la reducción de subsidios nacionales. 

Este incremento agravó aún más el presupuesto de las trabajadoras de casas particulares, un sector con alta informalidad y sin respaldo laboral. Según Ana Díaz, referente provincial, muchas gastan más de $110.000 al mes solo en transporte, lo que representa un porcentaje significativo de su ingreso. En muchos casos, deben tomar múltiples colectivos al día para cumplir con distintos empleos por horas, ante la falta de un trabajo estable.

El nuevo boleto mantiene la tarifa plana, el sistema de trasbordo gratuito y las gratuidades para estudiantes y jubilados. Sin embargo, el beneficio no aplica a las trabajadoras domésticas informales ni a muchas que trabajan por hora: “Somos las más perjudicadas con este aumento. La mayoría de las compañeras tiene que hacer varios trabajos al día para llegar a fin de mes, y eso significa más pasajes, más gasto”, explicó Ana Díaz, en diálogo con Somos La Mañana.

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Sin estabilidad ni ayuda: el transporte se lleva un tercio del sueldo

El gasto mensual en transporte asciende, según Díaz, a más de $110.000 por persona, en un contexto donde el salario promedio de una empleada doméstica con jornada completa ronda los $351.000, y para una cuidadora alcanza los $379.000, cifras que no compensan el golpe del aumento del boleto. Para muchas, eso implica destinar cerca de un tercio del ingreso solo en pasajes.

Aunque existe una tarifa social que reduce el costo en 40 boletos mensuales, muchas trabajadoras quedan afuera del sistema, ya sea por trabas burocráticas o por no estar registradas formalmente. “Queremos que se nos contemple como sector y se nos permita acceder a esa ayuda, que al menos nos cubre 8 días de trabajo”, reclamó la dirigente. 

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Un régimen laboral fragmentado y sin respaldo real

El sector de casas particulares tiene uno de los índices más altos de informalidad. Muchas trabajadoras rotan entre varias casas, con jornadas que no siempre alcanzan el mínimo legal. A esto se suma que los empleadores no están obligados por ley a cubrir el transporte, por lo que todo el gasto recae sobre las trabajadoras.

“El último aumento fue en enero y fue mínimo. Ahora, si llaman a paritarias, nos van a dar solo un 1%, lo cual no alcanza ni para empatar con la inflación”, denunció Díaz.

La dirigente pidió que se habilite un canal específico para que el colectivo de trabajadoras domésticas acceda a la tarifa social sin obstáculos. “Nos están dejando afuera del sistema”, concluyó. El reclamo de las trabajadoras de casas particulares vuelve a poner sobre la mesa las desigualdades estructurales que enfrentan día a día. Sin políticas públicas que garanticen condiciones laborales dignas y acceso real a beneficios como la tarifa social, miles de mujeres seguirán cargando con el peso de un sistema que aún no las reconoce plenamente.