Nancy Viviana Gómez, exfuncionaria de Rosario de Lerma y exmano derecha de Enrique Martínez, enfrenta un juicio por trata de personas y podría recibir hasta 15 años de prisión.
Rosario de Lerma26 de febrero de 2025
Diario del Valle
Nancy Viviana Gómez, quien luego se desempeñó en la Municipalidad de Rosario de Lerma y fue cercana al exintendente Enrique Martínez, enfrenta un juicio por liderar una red de explotación sexual en Salta.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta avanza en el juicio contra Nancy Viviana Gómez, acusada de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operó en la provincia. Si bien al momento de los hechos aún no ocupaba un cargo público, con el tiempo logró insertarse en la política local, desempeñándose en la Municipalidad de Rosario de Lerma, donde se convirtió en una persona de confianza del entonces intendente Enrique Martínez.
Según la investigación judicial, Gómez no habría sido una simple espectadora dentro de la estructura delictiva: la fiscalía la señala como una de las organizadoras y facilitadoras del circuito de captación y sometimiento de mujeres. Las víctimas eran jóvenes en situación de vulnerabilidad, obligadas a prostituirse mediante amenazas, retención de documentos y falsas deudas, mientras que los “clientes” eran recibidos en viviendas particulares y hoteles alquilados para tal fin.
El Código Penal Argentino, en su artículo 145 bis, establece penas de 4 a 8 años de prisión para quienes captan, transportan o reciben personas con fines de explotación. Sin embargo, este caso encuadra en el artículo 145 ter, que prevé penas de 10 a 15 años cuando se ejerce violencia, amenazas o coacción, lo que agrava la responsabilidad penal de Gómez y el resto de los imputados.
En la misma causa están procesados el exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, junto con Mercedes Baigorria y Roberto Quintian Ramírez, quienes también enfrentan cargos por formar parte de la red. Además, la Justicia ordenó la captura inmediata de Marisel Llanes, sindicada como líder de la organización, tras no haberse presentado al juicio y haber sido declarada en rebeldía.
El proceso penal contra Nancy Viviana Gómez y los demás imputados se inició tras una serie de investigaciones que revelaron irregularidades económicas y nexos con redes de explotación sexual en el extranjero. Uno de los primeros indicios surgió a partir de un cotejo de gastos e ingresos realizado por la exAFIP (actual Agencia Federal de Ingresos Públicos), que detectó movimientos financieros sospechosos en las cuentas de algunos de los acusados. Entre ellos, se identificaron transferencias y vínculos comerciales con contactos en Chile, lo que llevó a ampliar la investigación a posibles nexos con organizaciones internacionales dedicadas a la trata de personas.
Además de los informes fiscales, las denuncias anónimas fueron clave para destapar la red. Durante meses, diferentes alertas llegaron a la Policía Provincial de Salta y a la Delegación local de la Policía Federal, donde se detallaba el funcionamiento de un sistema de “prostitución VIP”. A diferencia de las redes de trata que operan en bares y cabarets clandestinos, esta organización trabajaba en viviendas privadas y hoteles alquilados por día, lo que dificultaba su detección y permitía operar con mayor discreción. Este método evitaba controles de rutina y facilitaba la captación de clientes dispuestos a pagar cifras elevadas por los "servicios".
La fiscalía sostiene que esta estructura fue diseñada para garantizar beneficios económicos millonarios para los organizadores. La modalidad de operación incluía publicidad en sitios web y redes sociales, donde las víctimas eran promovidas como "acompañantes VIP". Sin embargo, detrás de esa fachada, se encontraban mujeres jóvenes captadas en situaciones de vulnerabilidad, quienes eran sometidas a un sistema de coacción que les impedía salir del círculo de explotación. El control se ejercía mediante amenazas, la retención de documentos y la generación de deudas ficticias, lo que hacía imposible que las víctimas abandonaran la red sin represalias.
La acusación apunta directamente a Marisel Llanes, sindicada como la cabecilla de la organización, quien se encargaba de distribuir las ganancias y administrar los recursos generados por la explotación de las víctimas. Según la fiscalía, su red tenía conexión con otros imputados, incluyendo al exintendente Carlos Villalba, quien facilitaba el traslado de mujeres y garantizaba que el negocio se mantuviera operativo sin interferencias. Nancy Viviana Gómez, hoy en el banquillo de los acusados, habría sido una pieza clave dentro del sistema, colaborando en la captación y gestión de las víctimas, incluso antes de ocupar un cargo en la municipalidad de Rosario de Lerma.
Las pruebas reunidas por los investigadores incluyen testimonios de víctimas, registros bancarios, grabaciones de llamadas, publicidad en sitios de encuentros y documentos que acreditan los ingresos de la organización. Con esta evidencia en su contra, los acusados enfrentan penas que podrían alcanzar los 15 años de prisión, en un proceso que se perfila como uno de los juicios más significativos en la lucha contra la trata de personas en Salta.
Si bien los hechos que se le imputan ocurrieron antes de su paso por la administración pública, Gómez logró insertarse en la estructura política de Rosario de Lerma, donde llegó a ocupar un cargo en la Municipalidad durante la gestión de Enrique Martínez. Este hecho despierta fuertes sospechas sobre la impunidad con la que pudo haber operado, y si su ingreso al ámbito público tuvo relación con sus conexiones previas.
El caso cobra aún más gravedad porque deja en evidencia la facilidad con la que personas involucradas en delitos de trata de personas logran acceder a la política y construir vínculos con el poder, sin que se realicen controles sobre su historial.
El 15 de agosto de 2013, un operativo policial con allanamientos en siete inmuebles permitió desarticular la organización y rescatar a más de 30 mujeres. En el procedimiento se incautaron cuadernos con registros de los “pases”, dinero en efectivo, lencería y material publicitario de los “servicios” que las víctimas debían ofrecer.
Las pruebas contra Nancy Viviana Gómez son contundentes, y todo indica que su condena podría llevarla a prisión por varios años. Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo cómo una persona con semejante historial pudo insertarse en la política local sin que nadie cuestionara su pasado.
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