El Ministerio de Economía nacional abrió más de 200 expedientes contra prestadoras de servicios públicos que incluyeron el cobro de impuestos en sus boletas. En la nómina de las imputaciones figuran dos firmas salteñas; los reclamos fueron de Tartagal, Salta y San Lorenzo.
Politica12 de noviembre de 2024
Diario del Valle
La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación imputó a 95 empresas por el cobro de tasas o impuestos municipales a través de las boletas que emiten por la prestación de los servicios públicos. Esto se debe al incumplimiento de una resolución que prohibió la inclusión de esas facturaciones por considerar que se trata de “cargos ajenos a la naturaleza”.
En total se abrieron 244 expedientes por las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la normativa, según entienden en el Gobierno nacional. Las investigaciones comprenden a las facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, que es la fecha de entrada en vigencia de la prohibición impuesta por el ministro Luis “Toto” Caputo.
“Se evitará la inclusión de cargos que no corresponden a un servicio y que vulneren la libertad de elección de los consumidores forzándolos a pagar montos adicionales al momento de abonar las tarifas”, sostiene la resolución 267/2024 que fue impulsada tras “reiteradas denuncias públicas sobre municipios y gobiernos provinciales que incluyen tasas locales e impuestos que no corresponden a la facturación de servicios”, explicaron.
Desde el Palacio de Hacienda establecieron que las facturas “deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor”. Además de vedar el cobro de tasas municipales como alumbrado público, barrido y vigilancia, contempla penalidades por incumplimiento. Sobre este último punto se apoyaron las autoridades nacionales para iniciar las imputaciones.
Las empresas señaladas prestan servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, San Luis, Tierra del Fuego, Corrientes, Mendoza, Rio Negro, Jujuy, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, San Juan y Salta.
De acuerdo con el documento oficial, las empresas salteñas imputadas son EDESA y Aguas del Norte, las prestatarias de los servicios públicos de electricidad y agua potable en toda la provincia. Los municipios y barrios señalados por un total de 13 sumarios son: Tartagal, Salta, San Lorenzo, Ciudad del Milagro, San Alfonso, Villa Lujan, 20 de Febrero, Hernando de Lerma, El Tipal, Pereyra Rosas, Lavalle, Campo Caseros y Balneario Salta.
“A partir de recibir la notificación, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo. Cumplido ese plazo la Secretaría de Industria y Comercio sancionará a las empresas que no cumplieron la norma, de acuerdo a lo previsto por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, que en su artículo 47, inciso b, contempla multas de hasta 2130 millones de pesos”, informaron oficialmente.
Las denuncias que recibieron esas empresas se dieron mediante un canal abierto por el propio Gobierno: [email protected]. Según los números que manejan en Nación, se iniciaron más de 2.700 reclamos por el cobro de tasas o impuestos que a la luz del oficialismo son ilegales y van contra la Constitución Nacional.
Tal como informó Diario del Valle, la disposición de Caputo despertó un fuerte malestar en los jefes comunales de todo el territorio nacional y Salta no fue la excepción. El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, dijo a este medio que convocaron a reuniones con autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) y de la compañía estatal Aguas del Norte para analizar la respuesta.
Moisés explicó que hay dos alternativas para ir contra la resolución del Gobierno Nacional: la vía judicial y la legislativa. “Creemos que la más expeditiva es la legislativa, por eso ya estamos trabajando con nuestros legisladores. Pero hay una solución a través de una ley, como lo hicieron otras provincias”, detalló el intendente de Apolinario Saravia, municipio del departamento Anta.
Las autoridades municipales sostienen que la medida busca desfinanciar a las arcas comunales debido a que bloquea una práctica que sirve para asegurarse el cobro de las tasas locales, que de otra manera se complicaría. El vocero presidencial Manuel Adorni respondió: “Invitamos a todos los intendentes a que busquen una manera de golpearle la puerta al vecino y cobrarle la tasa, y no a través de las facturas de servicios públicos”.
A nivel nacional hubo reclamos judiciales de varios intendentes, quienes obtuvieron amparos favorables para mantener el estado de las cosas. Un ejemplo es el de la Municipalidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, cuyos apoderados cuestionaron “la intromisión en el ámbito local” de Nación con una medida que “claramente atenta contra el derecho de propiedad del municipio violentando su autonomía en lo que respecta a la potestad recaudatoria, amparada por las normas locales que así lo han legislado”.
En Salta, por su parte, la Legislatura aprobó una ley para mantener el cobro de esas tasas municipales en las facturas de los servicios públicos. La normativa dejó abierta la posibilidad de que los usuarios soliciten el cobro por separado de los conceptos por la prestación del servicio. “La falta de pago de estos conceptos no podrá constituir causal de incumplimiento habilitante para la interrupción o desconexión del servicio”, aclara.
Asimismo, en dicha ley se dispuso que "las facturas a usuarios por la prestación de los servicios públicos deben detallar la información necesaria y suficiente que permita constatar al usuario en forma unívoca el valor los consumos, el período al cual corresponde, los precios unitarios aplicados y las cargas impositivas".
Sin embargo, el gobierno nacional decidió avanzar en la aplicación de la resolución de Comercio Interior e imputó a 95 empresas de todo el país. Entre ellas, las dos salteñas: EDESA y Aguas del Norte.
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