La UNSa acepta ser auditada por parte de SIGEN

30 de octubre de 2024

En un contexto de crecientes tensiones entre el Gobierno Nacional y las universidades, la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha anunciado su intención de iniciar acciones legales para frenar la auditoría que pretende llevar a cabo la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La medida ha sido considerada por la UBA como un “intento de intervención” del Ejecutivo, lo que ha impulsado a sus autoridades a adoptar una postura de resistencia frente a la disposición.

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Por el contrario, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) ha adoptado una actitud abierta hacia la revisión de sus cuentas. Según manifestó su vicerrector, Nicolás Innamorato, la universidad aguarda la llegada de los auditores nacionales con el propósito de mostrar la administración de los fondos en los últimos dos años. En una clara diferenciación de la posición de la UBA, Innamorato expresó satisfacción ante la posibilidad de exhibir públicamente los detalles de su gestión financiera, declarando: “Estamos abiertos a todo tipo de auditoría: a la propia, a la del gobierno nacional como así también a la de la SIGEN, para mostrar que la gestión fue transparente”.

La controversia surgió el pasado 15 de octubre, cuando el Ministerio de Capital Humano anunció que la Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Rodolfo Barra, había firmado un dictamen que habilitaba a la SIGEN a realizar auditorías en las universidades nacionales. Esta decisión, según fuentes del Ejecutivo, tiene como objetivo aumentar la transparencia en la administración de los fondos públicos destinados a la educación superior, garantizando un uso adecuado de los recursos en un contexto de restricciones presupuestarias.

Sin embargo, la disposición ha sido percibida de forma diversa por las instituciones educativas. La UBA, una de las universidades más emblemáticas y con mayor autonomía en el país, ha interpretado esta medida como una injerencia en sus asuntos internos. Según representantes de la UBA, la auditoría representa un “intento de intervención” que pondría en riesgo la independencia de la universidad. Ante este panorama, la institución ha anunciado que tomará acciones legales para detener el proceso.

Por su parte, en Salta, la postura es significativamente distinta. La UNSa ha manifestado su conformidad con la llegada de los auditores, sosteniendo que ya han publicado en su página oficial las cifras correspondientes al presupuesto ejecutado en los últimos años. A través de esta iniciativa, la universidad busca garantizar que la información esté al alcance de todos los ciudadanos interesados, quienes pueden consultar el destino de los fondos públicos asignados a la institución.

La actitud del vicerrector Nicolás Innamorato resalta la importancia de la transparencia en la administración de fondos universitarios. Innamorato explicó que la UNSa lleva a cabo auditorías internas y, por ello, recibe con apertura el control propuesto por el gobierno nacional y la SIGEN.

“Queremos que la sociedad vea que cada peso destinado a nuestra universidad se ha usado con responsabilidad. Ya hemos compartido las cuentas generales de los ejercicios 2022 y 2023, y esta auditoría es una oportunidad más para demostrar el compromiso de la universidad con la transparencia”, expresó.

La postura de la UNSa marca una diferencia notable en el escenario de las universidades nacionales, planteando un modelo de gestión orientado a la rendición de cuentas y a la apertura de sus procesos financieros. La publicación de las cifras de ejecución presupuestaria en su página oficial también representa un esfuerzo por democratizar el acceso a la información, permitiendo a la comunidad académica y a la sociedad en general conocer de manera directa cómo se administran los recursos públicos.

La discusión en torno a las auditorías de la SIGEN ha reavivado el debate sobre la autonomía universitaria y la gestión de los recursos en el sistema educativo. Mientras algunas instituciones consideran que estas auditorías podrían debilitar su independencia, otras, como la UNSa, ven en ellas una oportunidad para fortalecer la confianza pública y demostrar el correcto manejo de los fondos.

El contraste en las respuestas entre la UBA y la UNSa subraya las distintas interpretaciones que existen respecto a los controles externos en las universidades. Para la UBA, la decisión del Gobierno representa una intervención que amenaza su autonomía; en cambio, para la UNSa, es una ocasión para transparentar su administración y reafirmar su compromiso con la rendición de cuentas ante la sociedad.

La situación pone en evidencia la diversidad de enfoques en la educación superior argentina frente a los mecanismos de control estatal y plantea interrogantes sobre cómo garantizar la autonomía universitaria sin comprometer la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.