La comunidad universitaria adhirió a la movilización federal que se realizará el 2 de octubre en todo el país. ¿Qué propone la Ley de Financiamiento Universitario que Milei quiere vetar?
Politica30 de septiembre de 2024
Diario del Valle
Los sindicatos que agrupan a los trabajadores de la Universidad Nacional de Salta- la Asociación de Docentes e Investigadores ADIUNSA y la Asociación de Personal APUNSA- junto con las autoridades de Rectorado, de las Facultades y las Sedes Regionales, anunciaron su adhesión a la Marcha Federal Universitaria que se llevará a cabo el miércoles 2 de octubre en todo el país en contra del ajuste de Javier Milei.
En la Capital salteña se prevé que la concentración comience a las 17 horas en el Monumento 20 de Febrero. También estarán presentes docentes, trabajadores y las autoridades del Instituto de Educación Media (IEM)- que depende de la casa de estudios-, los gremios y agrupaciones estudiantiles y graduados, además de organizaciones políticas-sindicales, jubilados y la sociedad en general.
“La defensa de la educación pública es fundamental”, afirmó el secretario general de ADIUNSA, Diego Maita, en una conferencia de prensa. Allí se exigió a Milei la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, que la Cámara de Diputados aprobó con 143 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención y que el Presidente ya anunció que vetaría, al igual que con la Ley de los Jubilados.
Martin Corregidor, secretario adjunto de APUNSA, pidió a la ciudadanía que no sea ajena a la situación económica-social que atraviesa el país como consecuencia de las políticas del Gobierno libertario y señaló: “Marchamos para garantizar un futuro, pero también para cambiar este presente”.
Tanto Maita como la secretaria general de APUNSA, Stella Mimessi, se reunieron con el rector Daniel Hoyos para promover un encuentro con los legisladores y legisladoras nacionales por Salta para requerirles un pronunciamiento público a favor de la Ley que propone una recomposición salarial y que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión.
Tras el encuentro Hoyos señaló que dicha ley “es el resultado de meses de demandas de todos los sectores que integran la comunidad universitaria de todo el país, junto a gran parte de la sociedad que defiende el acceso a la educación superior pública como un derecho”. Hizo alusión a los pedidos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del Frente Sindical de Universidades Nacionales, de la Federación Universitaria Argentina, entre otros.
A la par de esas acciones, el Consejo Superior aprobó una resolución en apoyo a la normativa sancionada en el Parlamento y manifestaron la necesidad de declarar la emergencia salarial de docentes y personal administrativo.
Sucede que la situación económica de los trabajadores universitarios “ha llegado a un punto crítico, con salarios que no cubren las necesidades básicas y una inflación que erosiona aún más el poder adquisitivo”, expresaron desde el CIN en un comunicado. También explicaron que “la emergencia salarial ha llevado a protestar y exigir soluciones urgentes” y advirtieron por la desinversión en la ciencia nacional durante el gobierno de Milei.
La ley aprobada en el Congreso establece una recomposición salarial del personal docente y no docente desde el 1° de diciembre de 2023 y hasta la fecha de la sanción del proyecto, con la impronta de que los ingresos se actualicen de acuerdo con el proceso inflacionario. Asimismo, la normativa incrementa las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de estudios por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y mantener un ajuste bimestral por el año en curso.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el incremento salarial y de las partidas para este año tendría un “impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”. El subsecretario de Políticas Universitarias de Milei, Alejandro Álvarez, habló de “populismo legislativo” por el aumento de los salarios y sugirió que implicaría 1,2 billones de pesos “lo cual es completamente inviable”, dijo en Radio Mitre.
Los números que manejan en la Casa Rosada difieren de la proyección de la OPC, tal como sucedió con la ley que subía las jubilaciones. En ambos casos, la cifra que supuestamente el Estado Nacional tenía que invertir superaba con creces los cálculos del organismo especializado. Con esa estrategia, el gobierno de Milei dijo que tanto los aumentos salariales a trabajadores como el aumento de los haberes atentaban contra el equilibrio fiscal. Por eso es que trató a quienes integran el Parlamento como "degenerados fiscales".
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades de todas las casas de estudios del país, emitió un comunicado pidiéndole a Milei que no avance con el veto a la ley debido a que “es un error concebir como un gasto lo que allí se destina”. “Incluso desde una perspectiva exclusivamente económica, no resulta razonable menospreciar el valor estratégico que tiene la producción científica y de conocimiento. No en vano los países desarrollados del mundo invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas: saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer descansa en estos aspectos”, indicó el CIN.
Y luego de recordar que desde Sarmiento a la fecha la educación pública es la columna vertebral de la nación, solicitaron al Presidente “que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025”. “No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos”, sostuvieron.
Asimismo, pidieron a las y los legisladores nacionales por Salta que, de confirmarse el veto anunciado por Milei, “sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento”.
La postura del Congreso será clave. Cabe recordar que, tras el veto a la ley que aumentaba las jubilaciones, Milei convocó a cinco diputados radicales para que cambiaran la intención de su voto para blindar la derogación normativa. Lo logró. Con las posturas anunciadas de los libertarios Carlos Zapata, Julio Moreno y María Emilia Orozco (en contra de la ley) y del peronista Emiliano Estrada (a favor de la ley), el foco estará puesto en los tres diputados salteños de Innovación Federal: Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega.
“Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible. El compromiso de un país con su sueño de seguir siendo una Nación”, finaliza el comunicado del CIN.
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