El hecho ocurrió en barrio San Francisco, cuando una mujer dormía en su departamento y despertó al ver a un intruso que estaba robando su cartera.
Buscan que lo presos sean atendidos en las cárceles y no en los hospitales
El diputado provincial Bernardo Biella, presentó en la cámara un proyecto para que aquellas personas que están en prisión reciban atención medica en la cárcel
Salta 03 de septiembre de 2024 Diario del ValleBuscan que lo presos sean atendidos en las cárceles y no en los hospitales
3 de septiembre de 2024
El diputado provincial Bernardo Biella ha presentado un proyecto de ley que promete generar un intenso debate en la Cámara de Diputados de Salta. La propuesta busca que las interconsultas médicas de los presos se realicen dentro de los penales, en lugar de trasladarlos a hospitales públicos. Este proyecto se discutirá en la sesión de este martes, y ya ha comenzado a despertar diversas opiniones entre la ciudadanía y los actores políticos.
El Objetivo del Proyecto
Según el diputado Biella, el principal objetivo de esta iniciativa es aumentar la seguridad, tanto para los ciudadanos como para el personal de salud. "Queremos evitar situaciones de peligro como fugas o tomas de rehenes que pueden ocurrir durante los traslados o las estancias de los presos en los hospitales", explicó Biella. Esta preocupación no es infundada; recientemente se produjeron incidentes que respaldan la urgencia de revisar el actual protocolo de atención médica a reclusos.
Incidentes Recientes que Reavivan el Debate
El debate sobre la seguridad en los traslados de presos a hospitales cobró fuerza nuevamente tras la reciente fuga de un recluso del Hospital Señor del Milagro. Este individuo, que estaba cumpliendo una condena por narcotráfico, logró escapar durante una consulta médica y se mantuvo prófugo por varios días antes de ser recapturado. Este evento puso de manifiesto las vulnerabilidades del sistema actual y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en estas situaciones.
Otro caso relevante es el del peligroso sicario conocido como “Cabezón” Díaz, quien fue internado en el Hospital San Bernardo bajo un fuerte operativo de seguridad. Díaz, detenido en 2022 por el homicidio de Marcelino Valdez Cari en 2020, representa un riesgo significativo debido a su perfil criminal y sus conexiones con el crimen organizado. Durante su estancia en el hospital, Díaz recibió la visita de Darío Monges, quien más tarde fue encontrado con el rostro desfigurado y con múltiples balazos en la cabeza, lo que sugiere la complejidad y el peligro de manejar a estos reclusos en entornos abiertos al público.
Conexiones Peligrosas y Preocupaciones de Seguridad
La preocupación por la seguridad también se ve exacerbada por las conexiones de Díaz con figuras del narcotráfico de la región. "El Cabezón" es yerno de Ricardo "El Coya" Rojas, un conocido capo narco de la zona de Orán, detenido años atrás. Estas relaciones criminales aumentan el riesgo de incidentes violentos y subrayan la necesidad de reconsiderar cómo se manejan las cuestiones de salud de los reclusos peligrosos.
Opiniones Divididas
El proyecto ha generado opiniones divididas entre los legisladores y la ciudadanía. Algunos ven la medida como una necesidad para reforzar la seguridad y evitar incidentes que pongan en riesgo a los profesionales de la salud y a otros pacientes. Otros, sin embargo, argumentan que los derechos humanos de los presos deben ser respetados y que el acceso a atención médica de calidad es un derecho fundamental que no debe ser comprometido por cuestiones logísticas o de seguridad.
¿Qué Sigue?
Con el debate programado para este martes, se espera que los legisladores analicen a fondo los pros y los contras de esta propuesta. Además, será crucial considerar cómo se implementaría este cambio y qué recursos serían necesarios para garantizar que los presos reciban la atención médica adecuada dentro de los penales.
Mientras tanto, el público se pregunta: ¿Es esta la solución adecuada para garantizar la seguridad y al mismo tiempo respetar los derechos de los reclusos? La respuesta a esta pregunta podría tener importantes implicaciones para la gestión de la seguridad y los derechos humanos en la provincia de Salta.
El debate continúa, y los ojos de Salta están puestos en la Cámara de Diputados para ver cómo se resolverá este complejo dilema.
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