La normativa fue aprobada en el Congreso y el Presidente decidió voltearla porque rompe con el programa económico, según afirmó al tratar a legisladores como “degenerados fiscales”.
Politica31 de agosto de 2024
Diario del Valle
El presidente Javier Milei puso la firma al decreto para vetar la Ley que establecía un incremento para los haberes jubilatorios. Así lo hizo saber el Jefe de Estado tras un encuentro en la Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza, del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), quienes brindaron su apoyo al veto total de la normativa.
Fue clave ese apoyo político del partido amarillo que lidera el expresidente Mauricio Macri y el exjefe de la bancada libertaria Oscar Zago (MID), puesto que la oposición (el peronismo, los radicales y los llamados “dialoguistas”) había anticipado que insistiría con el proyecto de ley. Para tal fin se necesitan los dos tercios, el mismo número que ya juntaron para voltear el DNU que giraba 100 mil millones de pesos a la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE).
Los argumentos de Milei giran en torno a que el incremento de los haberes jubilatorios implicaba un “costo fiscal” que pondría en riesgo el programa económico del Gobierno, particularmente el superávit. Por eso es que habia llamado a los legisladores "degenerados fiscales". El decreto, que será publicado en el Boletín Oficial el lunes, se advierte que la ley “no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Se trata de la misma explicación que exhibieron los senadores nacionales aliados al oficialismo, como el salteño Juan Carlos Romero. El líder del bloque “Cambia Federal” había señalado en sus redes sociales que en la ley “no se establece, como se debe, la fuente de financiamiento”. Además, Romero aclaró que no podía acompañar los artículos que establecen una suba a los jubilados porque es “un esfuerzo fiscal inapropiado” para Milei.
De acuerdo con Infobae, en el veto se advierte que el Congreso debe “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
Según los cálculos del Gobierno, el impacto de la medida ascendería a seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, o bien el equivalente al “1,02% del Producto Bruto Interno” del año en curso o del “1,64% del PBI estimado para el año entrante”.
Se trata de una cifra que no condice con los números de, por ejemplo, la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC). La OPC sostuvo que el aumento jubilatorio demanda entre el 0,4% y el 0,74% del PBI para 2024 y entre el 0,8% y el 1,25% del PBI.
La senadora peronista Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) afirmó que, en términos números per cápita, significa un incremento de $66 mil y tiene el mismo costo fiscal que cuando eliminó el impuesto a los ricos con la Ley Bases. Di Tulio fue quien llamo a Milei "degenerado social".
Como sea, el veto total a la ley que mejora las jubilaciones es un hecho. Milei ha logrado el respaldo de los bloques aliados para evitar que el Parlamento insista con la normativa. Sin embargo, la oposición podrá insistir amenazando el capital político del Gobierno.
El Presidente sostuvo que la titular del Senado “no forma parte del Gobierno” ni participa de la toma de decisiones, pues decidió no acudir a las reuniones de gabinete. Además, Milei reitero que busca un frente común con el PRO para las elecciones del 2025.
La investigación es por la concesión de terrenos del Estado Provincial a la firma Eco Desarrollo SA. Según los fundamentos, buscan “revisar la legalidad de los acuerdos” tanto por las “condiciones contractuales” como por la “relación entre el gobierno provincial y los titulares de la empresa”. La repercusión en el Valle con los libertarios.
El intendente Atta Gerala quedó envuelto en una causa por robo y contrabando de rieles a Bolivia. A raíz de ello, el Gobernador envió un proyecto a la Legislatura para intervenir al Municipio que integra el departamento Rivadavia: tuvo media sanción del Senado.
La libertaria Fabiana Martin quiere echar al salteño por “ausencias injustificadas y reiteradas”. Olmedo ya había sido desplazado de la presidencia por llevar patovicas que agredieron a parlamentarios de los países que integran el bloque.
El Ministerio de Economía nacional abrió más de 200 expedientes contra prestadoras de servicios públicos que incluyeron el cobro de impuestos en sus boletas. En la nómina de las imputaciones figuran dos firmas salteñas; los reclamos fueron de Tartagal, Salta y San Lorenzo.
El estudio refleja que la mitad de las personas consultadas estaría considerando votar al PJ en los comicios del 2025. Muchos de ellos habían apostado por La Libertad Avanza el año pasado. ¿Qué peronismo quiere la ciudadanía?
El ministro de Economía de Milei firmó un convenio de financiamiento para obras de infraestructura pública, viviendas y edificios para escuelas: en Provincia aseguran que nada de eso se cumplió. ¿Cuáles son los proyectos de educación y hábitat que se encuentran paralizados en el Valle de Lerma?
El gobernador riojano Quintela dio por terminada la disputa por la conducción del partido y CFK asume el 17 de noviembre. ¿Cómo impacta en el justicialismo salteño? ¿Y en el panorama electoral?
El gobernador Sáenz entregó una pala cargadora al municipio de Chicoana para mejorar el mantenimiento de los caminos rurales y urbanos.
El intendente Atta Gerala quedó envuelto en una causa por robo y contrabando de rieles a Bolivia. A raíz de ello, el Gobernador envió un proyecto a la Legislatura para intervenir al Municipio que integra el departamento Rivadavia: tuvo media sanción del Senado.
La modernización del hospital San Bernardo lleva un 87% de avance, prometiendo la mejora de la salud pública en Salta y beneficiando a más de un millón de personas.
La investigación es por la concesión de terrenos del Estado Provincial a la firma Eco Desarrollo SA. Según los fundamentos, buscan “revisar la legalidad de los acuerdos” tanto por las “condiciones contractuales” como por la “relación entre el gobierno provincial y los titulares de la empresa”. La repercusión en el Valle con los libertarios.
Las personas con recursos económicos afrontarán el costo de la atención médica, mientras que quienes no puedan hacerlo deberán realizar trabajo comunitario.
El Presidente sostuvo que la titular del Senado “no forma parte del Gobierno” ni participa de la toma de decisiones, pues decidió no acudir a las reuniones de gabinete. Además, Milei reitero que busca un frente común con el PRO para las elecciones del 2025.