29 de junio de 2024
Un hombre de 29 años fue condenado a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, tras ser encontrado culpable de varios delitos, incluyendo robo, desobediencia judicial y violencia familiar. El caso, que se tramitó ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, fue representado por el fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic.
La familia del acusado había presentado reiteradas denuncias por episodios violentos, los cuales se unificaron con una causa de robo que se encontraba en proceso en otra Fiscalía. La unificación de estas denuncias permitió un abordaje integral de los delitos cometidos por el hombre, quien tenía antecedentes de comportamiento agresivo y conflictivo.
En la audiencia de juicio abreviado, el fiscal Córdoba Mazuranic presentó las pruebas y los antecedentes del acusado, quien se enfrentaba a múltiples cargos: robo simple, desobediencia judicial en seis ocasiones, amenazas con arma, lesiones leves en dos ocasiones y resistencia a la autoridad también en dos ocasiones, todo en concurso real.
El juez Diego Rodríguez Pipino, encargado del caso, recibió la confesión del acusado durante el juicio. Tras evaluar los testimonios y las pruebas presentadas, decidió imponer una condena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional. Además de la pena de prisión, el juez impuso una serie de normas de conducta estrictas al condenado, con el objetivo de prevenir futuros comportamientos delictivos.
El condenado deberá cumplir con varias reglas de conducta, que incluyen la prohibición de acercarse a las víctimas y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades para controlar su cumplimiento. Estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad de la familia y prevenir nuevos episodios de violencia.
Adicionalmente, el juez Rodríguez Pipino ordenó la realización de un diagnóstico y tratamiento psicológico para el condenado. Este tratamiento se enfocará en controlar sus impulsos violentos y abordar sus problemas de adicción, los cuales fueron identificados como factores contribuyentes a su comportamiento delictivo.
El proceso judicial contó con la colaboración de la Fiscalía Penal 3 y la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 2, que trabajaron de manera conjunta para consolidar las causas y proporcionar una respuesta integral a los delitos cometidos. Esta cooperación interinstitucional fue clave para asegurar que todas las denuncias y evidencias fueran consideradas en el juicio.
La sentencia de un año y seis meses de prisión condicional, junto con las reglas de conducta y el tratamiento psicológico, representan una oportunidad para que el condenado cambie su comportamiento. La decisión del juez Rodríguez Pipino refleja un enfoque balanceado entre la sanción y la rehabilitación, buscando no solo castigar los delitos cometidos, sino también prevenir futuros actos violentos.
El caso subraya la importancia de la denuncia y el seguimiento de los episodios de violencia familiar, así como la necesidad de una intervención judicial oportuna y efectiva para proteger a las víctimas y ofrecer una segunda oportunidad a los ofensores para su reintegración social. La comunidad y las autoridades deben continuar trabajando juntas para combatir la violencia y garantizar un entorno seguro para todos.
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