La media sanción en Diputados a la Ley Bases reflota el debate sobre las privatizaciones de empresas estatales. Los casos de YPF, Aerolíneas y Trenes Argentinos.
Politica02 de mayo de 2024
Diario del Valle
Con 142 votos a favor y 106 en contra, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la Ley Bases que presentó el gobierno de Javier Milei. Dentro del proyecto que será tratado en el Senado hay un capítulo que habilita la privatización total o parcial de empresas, en cuyo listado se encuentran Aerolíneas Argentinas, Radio Nacional, la Televisión Pública, ENARSA, el Correo Argentino, el Belgrano Cargas, los Ferrocarriles Argentinos y Corredores Viales.
La ola privatizadora de Milei es un reflejo de lo que sucedió en el país durante la era de Carlos Saúl Menem, una figura que ha sido ponderada por el actual Presidente en reiteradas oportunidades. De hecho, escogió a un pariente, Martin Menem, para que conduzca la Cámara baja y colocó en distintas áreas del Gobierno a funcionarios que tuvieron su paso por el menemismo, como el procurador del Tesoro Rodolfo Barra.
El impacto de las privatizaciones en los '90 se vio reflejado en el ingreso de capitales por la venta de las empresas estatales y tuvo su correlato en la economía local en sectores claves: las telecomunicaciones, el espacio aero-comercial, el energético, la infraestructura vial y ferroviaria, entre otros. Pero la oleada neoliberal también dejó su huella social con despidos masivos (directos e indirectos), desarraigo y pueblos enteros que quebraron.
Tal vez el caso más emblemático de la privatización en Salta fue el de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La creación de la petrolera estatal fue impulsada por el general Enrique Mosconi, quien dio nombre al municipio norteño donde se iniciaron los piquetes en respuesta a la des-estatización menemista. Muchos de los trabajadores de YPF en la localidad salteña que quedaron sin trabajo entraron en depresión y se suicidaron. El pueblo y sus habitantes padecen hasta hoy la pobreza.
Si bien el nuevo texto de la Ley Bases no incluyó a YPF en el listado de empresas a privatizar, Milei mantiene su objetivo de hacerlo. En la presidencia de la compañía fue designado Horacio Marín, un hombre de Tecpetrol-Techint, donde dirigía el área de Exploración y Producción. El empresario mileista Paolo Rocca también logró la designación de Matías Farina, Gustavo Gallino, Federico Barroetaveña y Luis de Ridder, quienes se encargan de la infraestructura y las financias de YPF.
La privatización de los Ferrocarriles sirve para explicar el impacto negativo tanto para la soberanía nacional (al habilitar la posibilidad del ingreso de capitales extranjeros en el sector) como así también para la economía doméstica y la conexión de los pueblos que viven de actividades satélites al transporte. En la década del ’90 se des-nacionalizaron más de 5.000 kilómetros de ramales ferroviarios, muchos de los cuales pasaban por la provincia.
Para poner un ejemplo del traslado a precios por la falta de ferrocarriles en manos estatales, que alcanza al Belgrano Cargas. Según la Bolsa de Rosario, en 2015 llevar granos desde Joaquín V. González, Anta, hasta el puerto de la provincia santafesina costaba 72 dólares por tonelada. En tanto que para el traslado a China costaba 41 dólares. Hay más de 20 mil kilómetros de diferencia. Por supuesto, el costo se traslada a la materia prima y a las manufacturas que hacen al entramado productivo nacional.
Según Milei, el Estado debería correrse del medio porque “cuando lo hace el sector privado lo hace mucho mejor”. Entre 1991 y 1993, un total de 46.308 trabajadores tuvieron que acogerse al retiro voluntario propuesto por Menem. O bien, de los 90 mil empleados que la empresa tenía hasta 1989, quedaron solamente alrededor de 14.500 trabajadores en las empresas concesionadas, según el texto “La privatización y desguace del sistema ferroviario argentino durante el modelo de acumulación neoliberal” de Franco Alejandro Pagano.
Cuando el trabajo cita al economista Daniel Azpiazu, se detalla: “En el ámbito de los ferrocarriles, que se privatizaron a lo largo de 1992, es donde se manifiesta la mayor expulsión de mano de obra (en el trienio 91/93 la reducción es de 60 puntos), resultando particularmente intensa en el periodo inmediato anterior a su transferencia al capital privado”.
La Gerencia Administrativa de Trenes Argentinos ya adelantó el despido de 3.000 empleados, que hacen el 15% del total. Es de suponer que la decisión tendrá un impacto en los servicios de Salta, como por ejemplo en la conexión de Salta-General Güemes y Salta-Campo Quijano. Y en lo que respecta a Belgrano Cargas, los acuerdos de inversión china para Las Lajitas-Pichanal quedarían truncos.
Por su parte, la privatización de Aerolíneas Argentinas que busca el Gobierno genera opiniones diversas. Por la caída en la demanda ya se suspendieron los vuelos de Salta a Brasil, Chaco (Resistencia) y Neuquén (Bariloche). Esto impacta negativamente en el turismo, la gastronomía y la hotelería de la provincia, una de las cadenas de actividades económicas representativas del PBI local.
En la discusión se analiza la pérdida de puestos laborales y la degradación de los mismos, como así también la prestación del servicio y los precios de los pasajes. Además, hay quienes advierten la desconexión entre localidades de varias provincias que sufrirían con la merma de rutas aéreas. En el medio está el interés privado: empresas locales y extranjeras quieren avanzar en el mercado aerocomercial. Durante los ’90 AA transfirió sus activos a Iberia y Austral, principalmente.
La paralización de obras públicas- incluyendo las ferroviarias y energéticas- y la privatización de empresas que lleva a cabo la administración libertaria tiene un doble objetivo: reducir la presencia del Estado para el avance del sector privado y bajar los salarios a través de los despidos masivos. En síntesis, la desregulación económica de Milei se traduce en mayor desigualdad social y pérdida de soberanía nacional, tal como sucedió en el menemismo.
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