22 de noviembre de 2023
La reciente afirmación del presidente electo Javier Milei, en la que anunció su intención de derogar la Ley de Alquileres vigente, ha generado inquietud entre inquilinos y ha llevado a la suspensión de la firma de nuevos contratos de alquiler. Milei expresó su deseo de establecer "contratos libres" entre partes y en cualquier tipo de moneda, provocando reacciones y resistencia por parte de sectores vinculados al mercado inmobiliario.
La Ley de Alquileres, reformada hace menos de tres meses por el Congreso, establece regulaciones que rigen la relación entre inquilinos y propietarios, fijando una duración mínima de tres años para los contratos, ajustes semestrales, y especificando que los precios deben fijarse en moneda nacional. La propuesta de Milei busca eliminar estas regulaciones, permitiendo contratos más cortos y en cualquier moneda.
La Federación de Inquilinos Nacional expresó su preocupación por las consecuencias inmediatas de las declaraciones de Milei, señalando que la suspensión de la firma de contratos de alquiler afecta a aquellos que buscan renovar contratos o mudarse, especialmente en momentos cercanos al fin de mes.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, advirtió sobre la posibilidad de un fuerte aumento en los alquileres y la expulsión de sectores asalariados de sus viviendas. Comparó la propuesta de Milei con políticas implementadas en 1977 por José Alfredo Martínez de Hoz, que resultaron en la desregulación de los alquileres y consecuencias negativas para inquilinos.
El diputado Daniel Lipovetzky, uno de los impulsores de la Ley de Alquileres, señaló que derogar la ley por decreto sería cuestionable jurídicamente y que se requeriría una nueva legislación para tal fin. También destacó la incertidumbre sobre la mayoría parlamentaria que Milei tendría para avanzar con dicha legislación.
Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario, expresó su preocupación por el posible aumento de los alquileres y el retroceso en el acceso a la vivienda en Argentina. Advirtió que la derogación de la ley significaría una institucionalización de la desigualdad y el poder del mercado sobre los derechos de los inquilinos.
Las organizaciones de inquilinos están evaluando estrategias ante el próximo gobierno, trabajando en articulación con otros sectores para abordar los desafíos que se avecinan. La resistencia se centra en la defensa de los derechos de los inquilinos y en la búsqueda de soluciones que no incrementen las desigualdades y desamparen a aquellos en situación de vulnerabilidad en el mercado inmobiliario.
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