Abortos en Salta: desde la sanción de la Ley 27.610 se registraron más de 20.000 interrupciones. El informe revela un alto porcentaje en niñas y adolescentes.
Salta08 de septiembre de 2025
Diario del Valle
Desde la entrada en vigencia de la Ley 27.610, en enero de 2021, que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina, Salta se convirtió en una de las provincias con mayor tasa de abortos legales del país. Según registros oficiales y de organismos especializados, en los últimos cuatro años se realizaron más de 20.000 interrupciones, lo que equivale a un promedio de 13 por día.
Las cifras no solo reflejan la magnitud del fenómeno, sino también un dato alarmante: el porcentaje de procedimientos realizados en niñas y adolescentes. Diversas fuentes advierten que detrás de cada número se esconden historias atravesadas por abusos sexuales, violencia intrafamiliar y graves vulneraciones de derechos humanos.
De acuerdo con datos de Argentina.gob.ar, Amnistía Internacional, el Proyecto Mirar y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVcM), entre enero de 2021 y agosto de 2025 se concretaron más de 20.000 IVE e ILE en la provincia.
El informe más reciente del OVcM detalló que solo en 2024 se realizaron 4.621 interrupciones voluntarias, de las cuales 382 correspondieron a interrupciones legales (ILE) por violación o riesgo para la vida y la salud de la persona gestante. En ese mismo año, 83 IVE y 19 ILE se practicaron en niñas de entre 10 y 15 años, un dato que preocupa especialmente a organismos de derechos humanos.
Amnistía Internacional y organizaciones locales advirtieron que estas cifras evidencian un “calvario silencioso” que muchas veces permanece oculto, en contextos de violencia estructural y falta de acompañamiento estatal integral.
Pese a ser una de las jurisdicciones con mayor número de abortos legales, Salta continúa enfrentando obstáculos para garantizar un acceso pleno al derecho establecido por la Ley 27.610.
Tras la sanción de la norma, se registraron serias dificultades vinculadas a la escasez de profesionales no objetores de conciencia, a trabas administrativas y a la falta de efectores habilitados en distintas áreas de la provincia.
El Hospital Materno Infantil de Salta, centro de referencia que atiende a más de 500.000 personas, contaba en 2021 con apenas cuatro ginecólogas disponibles para estas prácticas. Ese mismo año, el Ministerio de Salud dictó el Memorándum 144/21, que obligaba a las áreas sanitarias a organizar servicios de IVE/ILE. Sin embargo, en 2022 la Resolución 514/22 reconoció que muchos hospitales todavía no podían garantizar las prestaciones.
En agosto de 2022, el Ministerio de Salud provincial informó que existían 40 médicos no objetores distribuidos en equipos estables, frente a 26 registrados un año antes. Pese a este incremento, la cifra sigue siendo insuficiente, sobre todo en el interior.
Otro punto crítico es el incumplimiento del plazo legal que debe mediar entre la solicitud y la práctica. Diversos testimonios indican que en varios casos las personas accedieron a la atención con embarazos de más de 20 semanas, lo que implica mayores riesgos médicos y psicológicos.
La disponibilidad de fármacos como misoprostol y mifepristona también constituye un problema recurrente. Estos medicamentos son fundamentales para la interrupción del embarazo con métodos seguros y ambulatorios.
En agosto de 2022, profesionales de la salud denunciaron la falta de provisión constante en el sistema público. “Tenemos ley, pero no tenemos medicación. El acceso está quebrado. Desde marzo no hay distribución pública en Salta”, señalaron trabajadoras de hospitales, según publicó el diario El Tribuno.
La carencia de insumos básicos limita la efectividad de la normativa y obliga en ocasiones a derivar pacientes a otras jurisdicciones o a prolongar los tiempos de espera, con consecuencias sanitarias y emocionales.
Los datos disponibles plantean un interrogante sobre la aplicación real de la Ley 27.610 en provincias del norte argentino. Si bien las estadísticas muestran un aumento sostenido de abortos legales, persisten obstáculos que restringen el acceso equitativo y seguro.
Para organismos especializados, garantizar el derecho implica no solo la disponibilidad de médicos y medicamentos, sino también un acompañamiento integral que contemple asistencia psicológica, contención social y acceso a la justicia en casos de violencia o abuso.
La situación en Salta, con más de 20.000 abortos en cuatro años y con niñas de apenas 10 años entre las pacientes, expone las deudas pendientes de un sistema de salud que aún no logra responder con eficacia a la demanda creciente.
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