Un comunicador social de Rosario de Lerma fue denunciado penalmente por violencia de género tras realizar declaraciones estigmatizantes contra una candidata a concejal, y podría enfrentar medidas cautelares si avanza la causa.
Rosario de Lerma21 de abril de 2025
Diario del Valle
Según trascendidos judiciales, un conocido comunicador habría sido denunciado por expresiones estigmatizantes contra una candidata a concejal.
Un comunicador social de Rosario de Lerma,cuya identidad se revelará en las próximas horas, habría sido denunciado penalmente por hechos vinculados a violencia simbólica y política de género, luego de realizar declaraciones públicas presuntamente estigmatizantes contra una mujer que se postula como concejal en las próximas elecciones locales.
Aunque su identidad se mantiene oficialmente en reserva, fuentes del ámbito judicial confirmaron que la denuncia fue ingresada recientemente y que la Fiscalía ya estaría evaluando citarlo a declarar en los próximos días, en el marco de la investigación preliminar.
Las expresiones que motivaron la presentación judicial estarían enmarcadas en el artículo 5° inciso 3 de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que contempla la violencia simbólica como aquella que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.
El caso cobra aún más relevancia ante la circulación de información extraoficial que indica que no sería la primera vez que el denunciado enfrenta acusaciones relacionadas con hechos de violencia de género.
De continuar avanzando el proceso, el comunicador deberá presentar un descargo formal ante la fiscalía. En caso de que el Ministerio Público Fiscal decida formular una acusación penal, podrían aplicarse medidas cautelares, tales como prohibición de contacto o de mención hacia la víctima, prohibición de acercamiento, realización de pericia psiquiátrica u otras restricciones conforme al Código Procesal Penal y la Ley Nacional 26.485.
El hecho generó preocupación en algunos sectores políticos y sociales del departamento, ante el uso de medios de comunicación para reproducir prácticas que podrían constituir violencia simbólica, política o psicológica.
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