La investigación es por la concesión de terrenos del Estado Provincial a la firma Eco Desarrollo SA. Según los fundamentos, buscan “revisar la legalidad de los acuerdos” tanto por las “condiciones contractuales” como por la “relación entre el gobierno provincial y los titulares de la empresa”. La repercusión en el Valle con los libertarios.
Politica21 de noviembre de 2024
Diario del Valle
El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante dejó sin efecto el archivo de la causa por la concesión de 230.000 hectáreas que el Estado Provincial otorgó a la firma “Eco Desarrollo Salta S.A.” en el predio de Salta Forestal para la explotación y ejecución de un proyecto y dispuso la reapertura de la pesquisa.
Según los argumentos de Escalante, esto se debe a la “aparición de nuevos datos surgidos en diversos medios de comunicación” que generan “la necesidad de ampliar el contexto de los hechos a valorar, retrotrayendo a incluir aspectos susceptibles de consideración” en la transacción realizada a fines de la década de 1990.
“La investigación pretende revisar la legalidad de los acuerdos firmados, entre otros aspectos incluyendo el posible incumplimiento de las condiciones contractuales denunciado en diversos ámbitos, y la relación entre el gobierno provincial y los titulares de la empresa en cuestión”, precisó el fiscal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
Es decir, el funcionario del Ministerio Publico Fiscal apunta a “los acuerdos previos a la privatización de Salta Forestal” formalizados durante la gestión del exgobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero con la familia de Alfredo Olmedo, el empresario sojero que actualmente es parlamentario del MERCOSUR por La Libertad Avanza.
Fuentes judiciales hablan del “amplio diferimiento del pago de impuestos” que incluyó la concesión y de la “íntima vinculación” entre quienes actuaron en el acuerdo. Escalante sostiene que el MPF “se limitó a un análisis parcial, en una época referida en espacio y tiempo”, por lo cual considera necesario examinar no sólo los titulares de Eco Desarrollo Salta S.A. de su momento, sino también los “nuevos integrantes posteriores”.
Así las cosas, surge el deber de investigar hechos que “incluya a Salta Forestal y la firma ECO Desarrollo Salta S.A., de cuyos titulares resultaría mencionada la familia Olmedo. No debe obviarse el análisis de nuevos integrantes posteriores. La génesis y su eventual concesión con efectos permanentes develan otro aspecto a analizar consistente en el cumplimiento o incumplimiento de las exigencias contractuales”.
Durante el gobierno de Romero el Estado cedió miles de hectáreas de Salta Forestal a una firma de la que tuvo participación la familia Olmedo. Con los años, la empresa estatal que administra las tierras en el departamento Anta quedó en manos de José Marcelino Sierra Echenique, un empresario agropecuario cercano a Olmedo padre. En tanto que la parte privada estaría en manos del grupo Cresud del poderoso Eduardo Sergio Elsztain.
En el año 2017, después de idas y vueltas y denuncias cruzadas, el Poder Ejecutivo resignó el cobro de unos $300 millones por el canon de explotación de las tierras. La medida fue cuestionada por el Partido Obrero que llevó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia, que en el año 2018 terminó rechazando los planteos.
Romero y Olmedo anuncian candidatura a la Gobernación en 2015
La causa por la concesión de terrenos de Salta Forestal a la empresa de la familia Olmedo fue archivada en abril de 2019 por la propia Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos. Esa resolución de la Procuración General fue convalidada por la Fiscalía de Impugnación en octubre de 2020 al encuadrar los hechos en el ámbito contencioso administrativo.
Ahora el fiscal Escalante considera que hay elementos que podrían derivar el expediente al fuero penal, de modo tal que resultaba necesario emitir un decreto para reabrir la investigación. El objetivo final, según dicen desde el MPF, es buscar “la verdad en este complejo caso que involucra el patrimonio del Estado provincial”.
El fiscal interino de la UDEC sostuvo que la reapertura de la causa “no responde a una decisión caprichosa, sino que la toma de conocimiento de aspectos relevantes y adyacentes a lo que habría acontecido en la cuestión cuestionada, genera un planteo e hipótesis fiscal de investigación diferente y con nuevas circunstancias”.
Tal vez la aclaración del fiscal Escalante pretendía despejar interpretaciones bajo el prisma político, toda vez que el caso en cuestión involucra a hombres de la política salteña. Los últimos movimientos públicos sobre las tierras anteñas tuvieron lugar en septiembre pasado, cuando Ignacio Lupión fue designado titular del directorio de Salta Forestal.
Ignacio Lupión, empresario PRO en Salta Forestal
Lupión asumió en reemplazo de Marcelino Sierra tras su fallecimiento. Se trata de un veterinario con intereses en el sector agro y en el rubro inmobiliario y de buenos vínculos con el ministro de Desarrollo y Producción, Martin De los Ríos Plaza. En sus más recientes incursiones privadas Lupión habría conformado asociaciones comerciales con la firma MDAY, que se hizo con buenos proyectos inmobiliarios.
Apenas un mes después de que se produjera el recambio en la conducción de Salta Forestal se emitió el decreto para reabrir la causa que salpica a Olmedo. El hombre de la gorra amarilla no pasa por buenos momentos: días atrás la presidenta del PARLASUR, Fabiana Martin, pidió su destitución porque no trabaja desde mayo pasado, cuando fue desplazado de la presidencia del cuerpo regional por sus polémicos manejos.
La noticia, además, desdibuja los argumentos libertarios acerca de ir contra la corrupción, una bandera que suele exhibir la diputada provincial Griselda Galleguillos. La legisladora por Rosario de Lerma acusa con verborragia a toda persona que no responda a las huestes amarillas, pero se mantiene en silencio con los negociados que involucran a su jefe político Olmedo.
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