En la Casa Rosada preparan los pliegos para girar al Senado, donde además está trabada la postulación de los jueces para la Corte: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. También podría avanzar con el nombramiento de un Jefe de Fiscales: suena un juez que tramita causa contra CFK.
Politica31 de octubre de 2024
Diario del Valle
El gobierno de Javier Milei tiene planeado enviar en los próximos días al Senado de la Nación más de 150 pliegos de candidatos a jueces federales. Los argumentos del oficialismo giran en torno a un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y al viceministro Sebastián Amerio, para cubrir los cargos vacantes que son subrogados.
Sin embargo, la estrategia, cuyas postulaciones se harán de a tandas, pretende destrabar la negociación en el Congreso para el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los candidatos de Milei para ser jueces de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, el oficialismo no pudo reunir los votos necesarios en la Cámara Alta para lograr ambas designaciones.
Por el mismo motivo no está garantizada la suerte de los pliegos para cubrir las vacantes de los juzgados federales en las distintas provincias, proceso donde suelen escucharse las voces de los Gobernadores y de los representantes parlamentarios para avanzar en las designaciones. Justamente, por la falta de acuerdos con la oposición, La Libertad Avanza no pudo ungir a los candidatos mileístas para la Corte.
Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los candidatos de Milei para la Corte de Justicia
La iniciativa política-judicial de la Casa Rosada es liderada por el asesor presidencial Santiago Caputo. A la par, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el envío de 12 nuevas ternas de candidatos para cubrir vacantes en juzgados de varias provincias, las cuales han sido remitidas al Poder Ejecutivo Nacional para su consideración. Las propuestas comprenden juzgados de Tucumán, Neuquén, Rio Negro y la Ciudad de Buenos Aires; los nombres serán escogidos por el Gobierno y su aprobación final se daría en el Senado.
Según datos actuales proporcionados durante la sesión del Consejo de la Magistratura- el organismo que selecciona y remueve jueces-, las vacantes en trámite en el PEN y en el Congreso se incrementaron a 161, mientras que las vacantes en trámite en el Consejo se redujeron a 138. Esto deja un total de 299 vacantes en el sistema judicial que están en proceso de ser cubiertas, reconstruye Diario Judicial.
Además de los pliegos de jueces federales, el gobierno de Milei pretende designar a un Procurador General de la Nación, es decir el Jefe de Fiscales. Ese lugar es ocupado desde hace varios años y de forma interina por Eduardo Casal, quien fue designado durante el gobierno de Mauricio Macri.
Cabe recordar que el gobierno de Alberto Fernández había propuesto como procurador general al juez federal Daniel Rafecas, pero su designación quedó trunca. Ahora el oficialismo intentará negociar con los distintos bloques para que el Senado apruebe un pliego.
Según el sitio Todo Noticias, la Casa Rosada ya tiene un nombre, aunque su candidatura sigue ocupando el debate interno. Según una fuente citada por El Destape, el candidato del oficialismo es Mariano Borinsky, uno de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que debe resolver una causa que se sigue contra la expresidenta Cristina Kirchner.
Eduardo Casal, jefe de fiscales con impronta de EEUU
Se trata de la causa llamada “Vialidad” por la cual CFK fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos. Esa sentencia fue apelada y ahora debe resolver Casación Penal. El fallo de los jueces Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña se dará a conocer el 13 de noviembre, una fecha que coincide con las elecciones en el Partido Justicialista, donde CFK es candidata a presidenta.
La designación de un Jefe de Fiscales adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta el impulso al sistema acusatorio que ya rige en Salta y Jujuy desde hace años y que, desde hace unos meses, se puso en marcha en Santa Fe, San Luis y Mendoza. El cambio radica en que las investigaciones quedan a cargo de los fiscales y no así de los jueces.
El escenario tiene una particularidad: en diciembre el juez de la corte Juan Carlos Maqueda cumple los 75 años de edad, que es el límite para ejercer la función. De esta forma, si no hay una designación por parte del Senado, se baraja la extensión de funciones o bien, el funcionamiento del máximo tribunal con 3 integrantes: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Para que la Corte funcione con los tres miembros debe sumar conjueces. Esta idea pareciera no convencer al Gobierno, con lo cual podría retirar los pliegos de Lijo y García Mansilla (o esperar a que sean rechazados) y enviar otros postulantes, de acuerdo con fuentes de la mesa chica de Balcarce 50 citadas por los medios porteños.
Sesión del Consejo de la Magistratura - Foto: Prensa CM
En los últimos días trascendió que Milei imitaría a Macri con la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para designar a los jueces de la Corte Suprema. Tal fue el camino que corrieron los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz en la era Cambiemos, una medida inconstitucional que fue ampliamente repudiada. Por eso es que en el Gobierno descartaron que esa medida se concrete.
Con todo, las postulaciones del Gobierno en materia judicial deben obtener el visto bueno de la Comisión de Acuerdos del Senado para emitir dictamen y, luego, los dos tercios de los votos. Un número que el oficialismo todavía no ha logrado reunir, tal como quedó demostrado con los pliegos de Lijo y García Mansilla.
Así las cosas, con el envío de los pliegos de jueces federales al Senado, el Gobierno pretende destrabar la negociación con la oposición y retomar los canales de diálogo. Y de rosca, pues se deben cubrir Juzgados que podrían resolver causas de interés político – económico. Un ejemplo de ello tiene que ver con el cargo vacante de la cámara Federal de General Roca, Rio Negro, donde se dirimen expedientes relacionados a Vaca Muerta, principalmente por reclamos ambientales, laborales y presuntos delitos. Otro ejemplo es el Juzgado Federal de Tucumán que tiene competencia electoral y que interesa al mandatario Osvaldo Jaldo, aliado de Milei.
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