Las modificaciones que impulsa el ministro de Salud libertario perjudican a pequeños contribuyentes y favorecen a las empresas de medicina. Es que, al mismo tiempo, se restringe la cobertura médica. ¿Hacia el modelo Belocopitt?
Politica30 de octubre de 2024
Diario del Valle
La semana comenzó con una batería de medidas del Gobierno nacional en torno a la salud y la economía. A través del Decreto 955/2024, la administración Javier Milei creó el Registro de Agentes del Seguro de Salud con el objetivo de organizar y controlar a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales.
En concreto, la iniciativa del Ministerio de Salud a cargo del empresario Mario Lugones habilita a las entidades sanitarias a rechazar la inscripción de nuevos monotributistas y, además, otorga la posibilidad de que limiten la cobertura médica para aquellas personas que tengan los denominados “planes cerrados”.
Dice el texto: “En dicho Registro se inscribirán las entidades del Sistema Nacional del Seguro de Salud que acepten recibir, como parte integrante de su población beneficiaria, a los Pequeños Contribuyentes adheridos al mencionado régimen, quedando facultadas para distinguir las categorías cuyo ingreso permitan”.
Si bien el Gobierno libertario sostiene que la medida pretende “mejorar la transparencia y la gestión al acceso a la cobertura medico asistencial de los pequeños contribuyentes”, lo cierto es que la creación del Registro permitirá a muchas obras sociales y prepagas dejar de aceptar monotributistas, jubilados y sectores con “bajos” aportes.
La normativa alcanza a los nuevos afiliados, con lo cual excluye a los monotributistas que actualmente ya están inscriptos en alguna entidad. Un universo de personas que generalmente tienen planes con una cobertura que no cubre los costos del Plan Médico Obligatorio (PMO).
“Hay trabajadores que se inscriben y se anotan en obras sociales que luego no quieren inscribirlos y esto termina en un reclamo ante la superintendencia. Y hay obras sociales que sí están interesados en recibir a los monotributistas”, sostuvo el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, en declaraciones a Radio Mitre.
Esa distinción marcada por el funcionario nacional se plasma también en la normativa, pues la cobertura médica se hará a partir de un esquema que discrimina su alcance asignándoles un nivel a su titular y a los miembros familiares. Por ejemplo, los nuevos afiliados tendrán que esperar un tiempo determinado para tener el pleno acceso a los beneficios que le corresponden, lo que se traduce en un financiamiento del contribuyente a las empresas sin una devolución médica como contraparte.
El cambio en el sistema de salud que lleva adelante La Libertad Avanza se complementó con una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que dispuso que solo los médicos de la cartilla de cada obra social o prepaga podrán emitir prescripciones de medicamentos y tratamientos para sus pacientes, que a la vez deberán respetar ese lineamiento para obtener la cobertura o el reintegro de dinero.
La resolución 3934/2024 dice: “Es fundamental controlar que, en los planes cerrados, las prácticas y medicamentos indicados a los beneficiarios sean prescriptos exclusivamente por los médicos incluidos en las cartillas del Agente del Seguro de Salud correspondiente, para evitar inconsistencias en la prestación y mitigar riesgos financieros”.
De acuerdo con el Gobierno, no regular el esquema “refleja un riesgo de desfinanciamiento para los Agentes del Seguro de Salud, dado que la cobertura de prácticas o medicamentos no previstos adecuadamente en sus planes de salud puede comprometer la sostenibilidad financiera del sistema”.
En otras palabras, se trata de una medida que busca salvaguardar los intereses financieros de las empresas de medicina permitiéndoles una restricción en la cobertura de prestaciones y medicamentos. Algo que perjudica a los afiliados de las distintas entidades, que rondan los 3 millones en todo el país, y que presiona también a los médicos (por competencia de las entidades y por el pago que reciben).
Oriolo dijo que apuntan a los remedios de “altísimo precio” y a los estudios más complejos, que son justamente los que no quieren pagar las prepagas. “El impacto automático es en un sector en particular, el de menores ingresos, que acceden al plan más básico. Va a estallar, porque van a ser pocos los médicos y va a estallar la cantidad de consultas sobre esos médicos”, alertó el abogado Nicolás Oszust en diálogo con Tiempo Argentino.
Desde que asumió Javier Milei a la Presidencia las políticas en torno a la salud y la economía transitaron por el camino del ajuste (en el sector público) y la desregulación (en el sector privado). En ese trayecto hubo idas y vueltas entre el Gobierno y los actores del sistema con eco en Balcarce 50.
Luego de eliminar los controles estatales sobre el sector, los precios de las cuotas en las prepagas incrementaron fuertemente entre diciembre y los primeros meses de este año. Fue tal la disparada del valor que hubo reclamos ante el Poder Judicial de personas que, en muchos casos, obtuvieron fallos favorables.
En abril pasado el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo sostuvo que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”. “Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.
A la luz de las medidas recientes, la declaración de Caputo puede entenderse como una ironía o como una batalla perdida frente al ministro de salud Lugones. Como sea, la suba de precios en las cuotas de las prepagas (y en los medicamentos) y la restricción a la cobertura de prestaciones y medicamentos que se impuso ahora son un combo que perjudican largamente a la sociedad, mientras se garantiza el sostenimiento financiero de la medicina privada.
El presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada, Ricardo Lilloy, escribió una columna en el diario La Nación en 2021 titulada “Reforma del sistema de salud: codicia, demagogia y mala praxis” en la cual cuestionaba las medidas del entonces Gobierno y advertía que “la mayoría de las obras sociales y otros sistemas quedaron tan deteriorados que ni siquiera están en condiciones de cubrir las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO)”.
Lilloy se sigue pronunciando en contra del PMO, cuya eliminación sería el objetivo final del cambio de régimen sanitario de Milei. Un esquema que seguiría la lógica del CEO de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, quien confesó que el servicio debe estar “destinado a un segmento de la población: el más acomodado”.
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