
Detienen a depredador salteño por distribuir pornografía infantil
Un salteño fue detenido por distribuir pornografía infantil. El operativo incluyó un allanamiento en pleno centro de Salta y secuestro de evidencia clave.
Tres individuos esperaron a la intendenta en su domicilio para exigirle que firmara una autorización y, ante la negativa, la agredieron físicamente y la amenazaron.
Salta04 de septiembre de 20244 de septiembre de 2024
En un episodio alarmante que sacudió a la comunidad de General Mosconi, la intendenta Ana Guerrero denunció haber sido víctima de un violento ataque al regresar a su domicilio particular en las últimas horas. Según el relato de la propia Guerrero, tres sujetos la abordaron frente a su casa, exigiendo que firmara documentos relacionados con una construcción. El incidente, que culminó con agresiones físicas y amenazas graves, ha generado una ola de solidaridad y repudio en toda la provincia.
En una entrevista concedida al periodista Daniel Varas, Guerrero detalló los hechos con evidente preocupación. Según su testimonio, los tres individuos la esperaban cuando llegó a su hogar en su vehículo, tras finalizar su jornada en la municipalidad. Los agresores, identificándose como enviados de un contratista llamado Cristian Rivadero, le exigieron que firmara una autorización para la construcción de núcleos húmedos, un proyecto que aparentemente había sido objeto de controversia.
La intendenta relató que, al negarse a dialogar con los individuos y no querer firmar los documentos, la situación escaló rápidamente. Los atacantes intentaron forzar su entrada al domicilio, empujando y agrediéndola físicamente. En medio del caos, Guerrero narró cómo sus perros reaccionaron atacando a los intrusos, quienes, en respuesta, los golpearon brutalmente. La agresión culminó con Guerrero sufriendo golpes significativos y recibiendo amenazas graves, incluyendo la advertencia de que le incendiarían la casa si no accedía a sus demandas.
Tras el violento ataque, Guerrero presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes y fue examinada por un médico, quien constató las lesiones sufridas. En sus declaraciones, la intendenta subrayó que los agresores no pertenecen a la comunidad de Mosconi, sugiriendo que el ataque podría haber sido premeditado y ejecutado por personas ajenas al municipio. Guerrero instó a la Justicia a actuar con firmeza y celeridad para identificar y sancionar a los responsables, enfatizando la gravedad de las amenazas y la agresión física que padeció.
El ataque contra Guerrero ha provocado una ola de solidaridad en toda la región. Uno de los primeros en expresar su repudio fue Franco Hernández Berni, intendente de Tartagal, quien condenó enérgicamente el acto de violencia. "Repudiamos firmemente este ataque y reiteramos nuestro compromiso con la paz y seguridad de todos los ciudadanos", declaró Hernández Berni, ofreciendo su apoyo incondicional a la intendenta Guerrero.
Este ataque no solo representa un acto de violencia individual, sino que también pone en evidencia los riesgos que enfrentan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, especialmente aquellos que se oponen a presiones externas y defienden la legalidad en la gestión de los recursos públicos. El caso de Guerrero se suma a una serie de incidentes que plantean interrogantes sobre la seguridad de los líderes locales y la integridad de los procesos administrativos en la región.
En respuesta a estos hechos, se espera que las autoridades refuercen las medidas de protección para los funcionarios públicos, garantizando que puedan desempeñar sus roles sin temor a represalias. Además, este incidente podría desencadenar una revisión de las políticas de seguridad en General Mosconi y en otros municipios, con el objetivo de prevenir futuros ataques y asegurar un entorno de paz y respeto para todos los ciudadanos.
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