La AFIP suprimió el requisito de informar las operaciones entre locadores y locatarios. ¿Cuál es el objetivo y qué impacto tendría en la sociedad salteña?
Politica12 de agosto de 2024
Diario del Valle
A través de la Resolución General 5545/2024, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales destinados a la vivienda que antes regía como condición para las operaciones entre locadores y locatarios.
Según los argumentos del organismo expuestos en la disposición, el objetivo es reducir los trámites administrativos ya que la medida “contribuye a la constitución de un Estado Nacional a favor del ciudadano en un marco de simplificación, eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios”.
La iniciativa se enmarca en la política de liberalización del mercado que promueve la gestión de Javier Milei, cuyo paso previo fue la derogación de la Ley de Alquileres dispuesta por el mega-DNU 70/2023 de diciembre dada a conocer por el hoy ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Se complementa con el plazo de inscripción en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI) hasta el 30 de septiembre o dentro de los 15 días corridos posteriores a los contratos para quienes busquen el acceso a los beneficios fiscales en torno al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y en los impuestos a los Créditos y Débitos y sobre los Bienes Personales y a las Ganancias a declarar.
De acuerdo con la AFIP, el régimen de registración comprende a “los contratos de locación celebrados electrónicamente mediante la utilización de plataformas digitales y/o aplicaciones móviles destinadas a tal fin”. Y con la nueva letra se establece que deberán precisar en los contratos si se tratan de inmuebles urbanos o rurales y la modalidad en cada caso (permanente o temporario) siguiendo las categorías:
A su vez, la AFIP dispuso que se deberán cumplir una serie de requisitos, tales como: poseer la CUIT activa; declarar y mantener actualizado ante la AFIP el domicilio fiscal; constituir el Domicilio Fiscal Electrónico; tener actualizada en el “Sistema Registral” la información respecto de las actividades económicas.
La eliminación de la obligatoriedad en la registración de contratos de alquileres es una parte de la medida de la AFIP. El organismo nacional también dispuso la derogación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), el documento que registraba la venta de un automotor o moto usado y radicado en el país.
También se suprimieron las obligaciones para que los productores agropecuarios ya no deban presentar cinco declaraciones juradas al año con su cosecha y las disposiciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) para autorizar importaciones, ambas vinculadas con el comercio exterior.
La derogación de la Ley de Alquileres fue una de las banderas de Milei en la carrera electoral. El ahora Presidente sostenía que la regulación del mercado inmobiliario había generado una distorsión que perjudicaba tanto a inquilinos como a propietarios, un argumento que compartía el exministro de Economía, Sergio Massa.
En los primeros meses de este año, ya sin la normativa sobre alquileres, desde la Cámara Inmobiliaria de Salta advirtieron una situación económica adversa para el sector. Su presidente, Juan Martin Biella, anticipaba una pérdida del 30% debido a la pérdida del poder adquisitivo de la ciudadanía.
Con el correr del tiempo, ya en junio pasado, Biella sostuvo que los precios de los alquileres habían registrado una baja significativa comparados con la inflación y atribuyó ese comportamiento con las bondades del libre mercado. “Yo tuve un departamento con una habitación y cochera en pleno centro publicado hace un mes a $280 mil y lo tuve que bajar a $240 mil porque no lo podía alquilar”, ejemplificó el empresario en FM Aries.
En el sector inmobiliario señalan que los precios de los alquileres siguen cayendo en comparación con la inflación y la suba aplicada a principios de año. Se trataría de un síntoma general por la desregulación estatal del mercado, algo que según Biella es celebrado por ambas partes, tanto para locadores como para locatarios.
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