
Red de explotación sexual en Salta: uno de los imputados es de Campo Quijano
Un imputado de Campo Quijano quedó vinculado a la red de trata de alumnas en la zona sur de Salta; la investigación suma más víctimas y detenidos.
Durante su traslado desde Gualeguaychú hacia Concordia, el acusado del doble femicidio en Córdoba declaró ante periodistas: “Todo fue por justicia”. Se lo imputará también por un tercer asesinato.
15 de octubre de 2025Pablo Laurta, sospechoso del doble femicidio de Luna Giardina (24) y su madre Mariel Zamudio (54), habló por primera vez tras su detención mientras era trasladado desde Gualeguaychú hacia Concordia, provincia de Entre Ríos. Ante los micrófonos, lanzó una frase que generó repudio generalizado: “Todo fue por justicia”. Además, expresó que lamentaba que su hijo cumpliera seis años en ese contexto, pero no manifestó arrepentimiento por los crímenes que se le atribuyen.
La escena se vivió con tensión. Laurta pronunció esas palabras en medio de fuertes medidas de seguridad, rodeado de agentes que lo custodiaban. Su frase generó indignación en redes sociales, en organizaciones feministas y en la opinión pública en general, que repudiaron la aparente frialdad con la que respondió.
Laurta fue detenido el domingo pasado en un hotel de Gualeguaychú, tras estar prófugo por más de 24 horas. Sobre él pesaba una alerta roja de Interpol y una causa previa por violencia de género radicada hace tres años.
Según la investigación, el sábado al mediodía Laurta ingresó a la vivienda de su expareja en el barrio Villa Rivera Indarte, Córdoba, y la asesinó de un disparo en la cabeza. Posteriormente, habría matado también a su madre política, Mariel Zamudio, antes de huir con su hijo de 5 años hacia Entre Ríos. El menor fue rescatado ileso tras un operativo que movilizó recursos de distintas fuerzas.
Los registros de cámaras de seguridad lo mostraron conducir un vehículo hasta Concordia. Su automóvil fue encontrado incendiado en Córdoba, y testigos declararon que Laurta descendió del auto, lo roció con combustible y le prendió fuego antes de huir a pie por un campo cercano. Esa escena está siendo objeto de peritajes y recolección de pruebas.
Además del doble femicidio en Córdoba, Laurta será formalmente imputado por el asesinato de Sebastián Martín Palacios (49), un chofer de aplicación cuyo cuerpo mutilado fue hallado en Concordia. Las cámaras registraron su último momento junto al acusado, y su vehículo fue encontrado en llamas.
La conexión entre los hechos apunta a un móvil criminal de alto nivel, dado que el atentado al remisero se produjo en otra provincia y representa una extensión de la grave escalada de violencia que ya conmociona al país.
Laurta, de nacionalidad uruguaya, ya había sido denunciado en varias ocasiones por violencia psicológica y amenazas hacia Giardina. Según allegados de la víctima, ella abandonó su residencia en Montevideo con su hijo buscando alejarse de su agresor. En el crimen de Córdoba y su huida posterior confluyen elementos de violencia doméstica, femicidio, un modus operandi agresivo y un itinerario criminal que cruzó jurisdicciones provinciales.
La magnitud del caso motivó la movilización de fuerzas policiales de varias provincias, especialmente tras la alerta roja de Interpol. En el traslado hacia Entre Ríos, Laurta fue custodiado con máximas medidas de seguridad y su presentación ante tribunales será seguida por alto interés mediático y judicial.
El doble femicidio generó fuerte impacto en Córdoba y en Entre Ríos. Movimientos de mujeres y colectivos feministas realizaron manifestaciones exigiendo justicia, visibilización del caso y políticas que protejan a las víctimas de violencia de género.
El mensaje “Todo fue por justicia” fue interpretado como un acto de total frialdad y soberbia, en contraste con el sufrimiento de las familias, que aún luchan por respuestas y por que el sistema penal cumpla su rol. Organizaciones de derechos humanos expresaron que una frase semejante no puede quedar como mero recurso mediático sin consecuencias reales.
Las próximas etapas del proceso incluyen la imputación formal en Entre Ríos, la presentación de pruebas estructuradas, pericias balísticas y documentales, declaraciones de testigos y la eventual formulación de pedidos de prisión preventiva por parte de la fiscalía.
La causa está en sus primeros pasos de instrucción, con actuaciones cruzadas entre las provincias involucradas. Las instancias judiciales deberán coordinar competencias, traslado del expediente, producción de pruebas y resolución de cuestiones de jurisdicción.
Laurta enfrentará cargos por homicidio agravado en múltiples hechos, lo que le podría implicar cadena perpetua en caso de condena. El salto entre provincias —Córdoba y Entre Ríos— convierte el proceso en complejo, con exigencias de cooperación judicial interprovincial y atención especial al traslado seguro del acusado.
Mientras tanto, la sociedad sigue expectante. Cada paso procesal será observado por medios nacionales y locales, y por el conjunto de ciudadanos que exigen que las instituciones respondan con firmeza ante casos que ponen en jaque la seguridad y los derechos más básicos.
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