12 de julio de 2024
Daniel, un dedicado docente de la Ciudad de Orán, decidió en el año 2020 adquirir un vehículo en la concesionaria ABC Automotores. La oferta presentada por la empresa incluyó la posibilidad de financiar la compra a través de un préstamo de amortización francés, modalidad que lo convenció debido a las cuotas preestablecidas y fijas. Sin embargo, la tranquilidad que esperaba se transformó en una pesadilla financiera.
Al recibir las primeras facturas, Daniel notó con sorpresa que los montos no coincidían con los acordados inicialmente. Intentó buscar explicaciones en la concesionaria, pero no obtuvo respuestas satisfactorias. Desconcertado y sintiéndose engañado, decidió llevar su caso a la justicia.
Según su denuncia, en lugar del prometido préstamo de amortización francés, le fue otorgado un crédito UVA, cuyos pagos se ajustan de acuerdo con la inflación. Esta modalidad hizo que las cuotas se volvieran impagables, agravando su situación económica. Al profundizar en la investigación de su caso, descubrió un documento con su firma que autorizaba el crédito UVA en un banco, documento que él asegura nunca haber firmado y que, según sus palabras, estaría adulterado.
A pesar de sus esfuerzos y de las evidencias presentadas, la justicia no falló a su favor. "La jueza se excusó diciendo que yo sí tengo conocimiento de qué es un crédito UVA y por eso debía pagarlo tal cual está en el contrato", relató Daniel con evidente frustración. Esta decisión judicial lo dejó en una posición aún más complicada.
Con el paso del tiempo y en un intento por salir del problema, Daniel tomó la difícil decisión de vender el vehículo. No obstante, la sorpresa fue mayúscula cuando se le comunicó que debía pagar 14 millones de pesos en concepto de honorarios legales. Esta suma incluía los honorarios tanto del abogado del banco que otorgó el crédito como el de la concesionaria, sumergiéndolo en una deuda considerablemente superior a la esperada.
El caso de Daniel no es aislado, ya que otros consumidores también han denunciado prácticas similares en diversas concesionarias y entidades financieras. La situación expone la vulnerabilidad de los consumidores ante contratos complejos y la falta de transparencia en la información brindada por algunas empresas.
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