NO RESPETAN NADA

En un preocupante giro que arroja dudas sobre la transparencia y meritocracia en la gestión pública, se ha revelado un listado que expone la designación de casi 60 personas vinculadas estrechamente al intendente saliente Enrique Martínez, quienes pasarán a ocupar puestos de planta permanente en la municipalidad de Rosario de Lerma. Este acto, que sugiere un evidente favoritismo político, ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre el manejo ético de los cargos públicos.

Según la información obtenida por Diario del Valle, entre los nombres que figuran en esta lista de designaciones se encuentran Sandra Cardozo, quien asumirá la responsabilidad de la oficina de Acción Social, y José M. Bejarano, designado para el área de la oficina C.E.R (Centro de Emprendedores Regionales). Estos nombramientos, aparentemente basados en la afinidad política más que en la experiencia y competencia de los candidatos, suscitan preocupación en la comunidad.

La falta de transparencia en este proceso alimenta la percepción de que los cargos públicos están siendo utilizados como moneda de cambio para retribuir favores políticos, en lugar de ser ocupados por individuos que puedan aportar conocimientos y habilidades al servicio de la comunidad. La ciudadanía merece una administración pública basada en principios éticos y en la búsqueda del bien común, y no en la promoción de intereses partidarios.

El nepotismo, evidenciado en estas designaciones, no solo perjudica la integridad de la gestión municipal, sino que también desanima a profesionales competentes que podrían aportar al desarrollo local. La calidad de los servicios públicos se ve comprometida cuando las designaciones se realizan sin un proceso transparente y objetivo que asegure la elección de los candidatos más idóneos para cada puesto.

Desde distintos sectores de la sociedad se exige una revisión exhaustiva de estos nombramientos y una explicación detallada sobre los criterios utilizados para tomar estas decisiones. La comunidad de Rosario de Lerma merece una gestión pública que ponga el bienestar de los ciudadanos por encima de los intereses políticos partidarios, y es fundamental que se establezcan mecanismos que aseguren la transparencia y la imparcialidad en la selección de personal para cargos públicos.