Milei disolvió por decreto Vialidad Nacional, transfirió sus funciones al Ministerio de Economía y a una nueva agencia de control, dejando incertidumbre sobre obras clave como la Ruta 51 en Salta.
Politica07 de julio de 2025
Diario del Valle
La decisión impacta de lleno en el Valle de Lerma y deja dudas sobre el futuro de la Ruta Nacional 51, clave para la minería, el turismo y la reconstrucción tras el alud.
El Gobierno Nacional oficializó, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el histórico organismo responsable del diseño, construcción y mantenimiento de la red troncal de rutas argentinas. La medida fue justificada por el presidente Javier Milei en el marco del plan de reducción del gasto público y reorganización del Estado, contemplado en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
La disposición figura de manera literal en el artículo 1 del decreto:
“Dispónese la disolución de la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) y de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV), actuantes en el ámbito de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA.”
Según los fundamentos oficiales, la estructura de Vialidad era considerada excesivamente costosa y poco eficiente:
“Las actividades desarrolladas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y su estructura compleja, no se ajustan a las necesidades actuales de gestión, lo que se ve reflejado en la falta de agilidad en la ejecución de proyectos y en los altos costos operativos que debe afrontar el ESTADO NACIONAL.”
El Ejecutivo justificó esta reorganización en la necesidad de optimizar los recursos públicos y avanzar en un esquema de privatización progresiva:“Resulta evidente que existe una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa, de aquella que se encuentra concesionada en el mantenimiento vial, lo que permite inferir que una eventual transferencia de esta función al sector privado podría generar ahorros significativos.”
El texto agrega que existía un fuerte desequilibrio entre los recursos empleados y los resultados obtenidos:
“Se verifica una desproporción entre los recursos materiales de la citada Dirección y la cantidad de agentes, así como entre el número de empleados que cumplen funciones administrativas y jerárquicas, y aquellos que realizan tareas operativas en territorio.”
La noticia generó preocupación inmediata en Salta, donde Vialidad Nacional tenía un rol central en el mantenimiento de corredores estratégicos como la Ruta Nacional 51, que conecta la capital provincial con San Antonio de los Cobres y la región de la Puna. Este corredor resulta esencial para el transporte minero, el turismo de altura y la conectividad de las economías regionales.
Actualmente, la Ruta 51 permanece habilitada, aunque con tramos críticos donde se recomienda circular con extrema precaución por obras y desvíos, particularmente en la repavimentación de La Silleta. La desaparición de la DNV abre un gran interrogante sobre la continuidad de estos trabajos.
El decreto deja en claro que el control y las funciones esenciales se trasladarán a nuevas estructuras dependientes del Ministerio de Economía:
“Las funciones esenciales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, tales como la planificación de la infraestructura vial, la redacción de los pliegos y procesos licitatorios y los controles de gestión, contrataciones y convenios sobre infraestructura vial, serán reasignadas a unidades organizativas integrantes del citado Ministerio.”
Además, se crea un nuevo organismo que asumirá la autoridad de aplicación sobre las concesiones:
“Dispónese que la AGENCIA DE CONTROL DE CONCESIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE será la Autoridad de Aplicación a que refieren todas las normas y actos administrativos que se relacionen con la fiscalización de las concesiones viales.”
El Ejecutivo justificó esta reorganización en la necesidad de optimizar los recursos públicos y avanzar en un esquema de privatización progresiva:
“Resulta evidente que existe una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa, de aquella que se encuentra concesionada en el mantenimiento vial, lo que permite inferir que una eventual transferencia de esta función al sector privado podría generar ahorros significativos.”
Este cambio de modelo genera incertidumbre en el Valle de Lerma, donde la continuidad de proyectos, la fiscalización de obras y el sostenimiento de la conectividad son temas sensibles. La medida también podría afectar la seguridad vial y la atención de emergencias en regiones donde la presencia estatal era determinante, como ocurrió durante la reconstrucción de la quebrada del Toro tras el alud.
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