El fiscal penal Escalante de la localidad de Cachi, encontró culpable a una mujer de 58 años por maltrato animal y ahora deberá pagar 30 castraciones
Salta17 de julio de 2024
Diario del Valle
17 de julio de 2024
En un insólito y perturbador incidente que ha generado indignación en la comunidad de Salta, una mujer de 58 años fue denunciada por un turista de Córdoba, quien horrorizado, la vio ahorcar y maltratar a un gato. El turista, impactado por la crueldad del acto, no dudó en grabar el momento y presentar el video como prueba ante las autoridades.
El fiscal penal de Cachi, Daniel Alejandro Escalante, en representación del Ministerio Público Fiscal, intervino en el caso. Tras una serie de negociaciones entre las partes involucradas, se llegó a un acuerdo que, aunque controversial, busca reparar en parte el daño causado. La mujer fue imputada del delito de malos tratos a los animales y se le impusieron reglas de conducta y una reparación efectiva del daño.
Entre las medidas sustitutivas propuestas por la defensa de la acusada y aceptadas por la Fundación Ajuya, que actuó como querellante, se encuentra el pago de 30 castraciones a gatos en situación de calle en la localidad de Cachi. Estas castraciones serán realizadas por un veterinario designado. Además, la mujer deberá asistir a un curso de concientización y sensibilización dictado por el Observatorio de Derecho Animal.
El fiscal Escalante explicó que la ley 14.346 protege a los animales como "sujetos de derechos", enfatizando que la conducta de la acusada afectó a un ser vivo capaz de sufrir, y no a un objeto inanimado. El fiscal destacó estudios y jurisprudencias recientes que reconocen a ciertos animales como "personas no humanas", quienes merecen derechos básicos como el de no ser torturados ni maltratados. Citó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, la cual recientemente afirmó que los animales deben ser protegidos.
El caso ha suscitado un debate sobre si la sanción impuesta es adecuada para la gravedad del delito cometido. Para muchos defensores de los derechos de los animales, la medida de realizar castraciones a otros gatos y asistir a un curso de sensibilización puede parecer insuficiente y no acorde con el sufrimiento infligido al gato maltratado.
Por otro lado, algunos argumentan que la medida tiene un carácter educativo y preventivo, al forzar a la infractora a enfrentarse con la realidad del daño que ha causado y contribuir positivamente a la comunidad animal en su localidad. La castración de gatos callejeros puede ayudar a controlar la población felina y evitar futuros casos de abandono y maltrato, aunque no elimina el hecho de que el acto de crueldad ya se ha cometido.
Este incidente en Cachi pone en evidencia la necesidad de una reflexión más profunda sobre el tratamiento de los animales y las sanciones adecuadas para aquellos que los maltratan. La creciente sensibilización y los avances en la legislación sobre el bienestar animal demuestran que la sociedad está empezando a reconocer la importancia de proteger a los seres vivos que cohabitan con nosotros.
Sin embargo, queda en el aire la pregunta de si estas medidas sustitutivas realmente logran justicia para el animal maltratado y si son suficientes para disuadir futuros actos de crueldad. La respuesta a esta pregunta no es simple y dependerá, en última instancia, de la evolución continua de nuestras leyes y de nuestra conciencia colectiva sobre los derechos de los animales.
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