La gestión de Hernández Berni acusa supuestas irregularidades para justificar el corte del suministro a personas carenciadas. ¿Cuál es el trasfondo político?
Politica 16 de mayo de 2024
Diario del Valle
La Municipalidad de Tartagal, a cargo del exdiputado provincial Franco Hernández Berni, dispuso la suspensión del pago a los servicios públicos de electricidad, agua y alumbrado público a personas carenciadas, inmuebles donde funcionaban comedores y pequeñas empresas.
Según la Dirección de Rentas del municipio norteño, detectaron a 48 usuarios “sospechosos” que recibían el apoyo de la comuna para afrontar el costo de los servicios. Del total, la Municipalidad ya le cortó la luz a 15 y el número de afectados podría incrementarse.
Antonio Moreno, funcionario de Rentas, dijo al diario El Tribuno que entre los inmuebles beneficiados había instituciones “pero eran viviendas particulares” cuyos moradores o propietarios no se encontraban en el lugar a la hora de la inspección municipal. También hallaron a un templo religioso y un comedor infantil que supuestamente no era tal.
Para Moreno, “ha sido un enorme daño que se les hizo a los tartagalenses que sustentan con sus impuestos a cualquier administración municipal”. El titular de Rentas dijo que iniciaron la investigación por el monto de facturación en la luz: en enero la Municipalidad pagó 4 millones de pesos y en febrero, el monto ascendió a los 10 millones de pesos.
Lo que no detalla la acusación del municipio a cargo de Hernández Berni es que el incremento del costo de la electricidad fue una consecuencia de la desregulación económica que habilitó el ajuste de las tarifas de todos los servicios públicos. Tampoco aporta el monto real que se les atribuye a esos 48 o 15 inmuebles “sospechosos”.
A su vez, las afirmaciones del director de Rentas soslayan que el funcionamiento de comedores comunitarios en viviendas es moneda corriente en localidades empobrecidas, como es el caso de Tartagal. O que algunas instituciones religiosas brindan una contención social a las familias carenciadas.
El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) permite entender la necesidad de la ciudadanía salteña: ya en 2020, en plena pandemia del coronavirus, se contabilizaron 20 mil familias que vivían en 154 asentamientos. La mayoría de ellos, 43 en total, se ubicaron en Tartagal, según los datos relevados por organizaciones sociales, como Techo o Caritas.
Las supuestas irregularidades aludidas por el intendente tartagalense Hernández Berni son una parte de la embestida en contra del exjefe comunal Mario Mimessi. Se trata de una virulencia que se aceleró con el nombramiento de Mimessi en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
Ahora bien, el embate del intendente electo por el frente “Avancemos” (un rejunte de dirigentes de Salta Independiente y del partido amarillo Ahora Patria de Alfredo Olmedo) tiene claras intenciones políticas. Las acusaciones sirven para demonizar a Mimessi ante la falta de gestión y para justificar el oscurantismo de la administración de los recursos.
Es importante recordar que el actual Intendente de Tartagal acusó a su antecesor de supuestas irregularidades por la falta de documentos informáticos. Mimessi respondió con los resultados de la Auditoria que hizo el organismo controlador de la Provincia: “Hoy recibí la aprobación del informe de transición de mi gestión (…). Se aprobó el informe de relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal y se deja constancia que toda documentación fue presentada en tiempo y forma”.
Para muchos norteños resulta llamativo que el intendente Hernández Berni promueva el corte del suministro de los servicios públicos a hogares carenciados o instituciones de la sociedad civil mientras se despilfarran recursos a través de la pauta publicitaria a medios de comunicación de Salta Capital. Medios que sirven como altoparlantes de la versión oficial a cambio de dinero.
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