La Auditoría de la Provincia de Salta parecería haberle dado una estocada final a la denuncia del intendente de Tartagal. Se esperan definiciones.
Politica10 de abril de 2024
Diario del Valle
En la primera apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad norteña, el actual intendente Franco Hernández Berni fulminó a su predecesor detallando, de manera minuciosa, las supuestas irregularidades que habría encontrado al tomar las riendas del municipio. Particularmente, el joven intendente señaló, de manera afirmativa, la inexistencia y desaparición total de documentación publica referente al periodo de la pandemia padecida entre los años 2020 y 2021.
La acusación, que luego derivó en una denuncia penal por parte del Hernández Berni, fue contundentemente respondida por el actual ministro y ex intendente Mimessi con un posteo de Facebook que rezaba lo siguiente: “Hoy recibí la aprobación del informe de transición de mi gestión como intendente de Tartagal (…) se aprobó el informe de relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal y se deja constancia que toda documentación fue presentada en tiempo y forma”.
La realidad fáctica de que un informe de un organismo de contralor estatal provincial contradiga –indirectamente- la plataforma fáctica denunciada por el denunciante, parecería cortar de cuajo la judicialización pretendida.
De esto se deriva en el esperable hecho que las denuncias de Hernández Berni caigan en saco roto. La desestimación de las acusaciones sería inminente pues nada más y nada menos que la Auditoría, órgano constitucional contemplado en la Constitución de la Provincia de Salta (artículo 169 y concordantes), ya ha emitido un dictamen que versa sobre el asunto denunciado por el joven intendente. Si este organismo de contralor público, mediante el procedimiento constitucional establecido, determina que la totalidad de la información fue provista en el proceso de transición (como ocurre en el presente caso), la desaparición total de documentación denunciada adolecería de inconsistencias en el relato del denunciante.
La Auditoría General de la Provincia es un órgano extra poder que ejerce controles externos a todos los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Incluso, la auditoria se encuentra facultada para realizar los controles de las haciendas Municipales, cuestión que entra en tremenda colisión con las facultades de los Concejos Deliberantes de los municipios de la provincia de Salta. Empero, independientemente de las discusiones dogmáticas y doctrinarias, la realidad fáctica de que un informe de un organismo de contralor estatal provincial contradiga –indirectamente- la plataforma fáctica denunciada por el denunciante, parecería cortar de cuajo la judicialización pretendida. Todo esto se dilucidará en el Juzgado de Garantías de turno, siendo pesimistas, porque de obrar con la objetividad procesal requerida por ley procedimental, el Ministerio Público podría terminar archivando el asunto sin más trámite ante una simple declaración espontánea del denunciado adjuntando el informe emitido por la Auditoría Provincial.
No ha pasado desapercibido por los pasillos del Centro Cívico Grand Bourg la denuncia de Hernández Berni. Y es que la pretendida intifada hacia Mimessi fue leída como lo que fue: una estocada hacia un ministro del Gobernador Gustavo Sáenz con premura. Ante ello, por lo bajo hay quienes destacan la osadía de Hernández Berni como una verdadera muestra de agallas, mientras otros, sin titubear, destacan la supuesta inmadurez e ingenuidad atribuible al fervor juvenil del joven intendente. Sea como sea lo que murmuren, la situación ha cautivado a propios y extraños no sin antes elucubrar teorías conspiranoicas atribuibles a supuestas operetas de un sector que viene apuntando cañones silenciosos al Centro Cívico como si de una Guerra Fría se tratara.
Los tiempos electorales apuran a todos los sectores. ¿Denuncias para proscribir al postulante a cargos electivos? Una práctica que, más que osada, solo trajo el resultado histórico de reposicionar al acusado en la agenda pública. ¿Quizás la estrategia sea la polarización? Nadie lo sabe. Mientras las denuncias van y vienen, las penurias sociales por las decisiones impetradas por un gobierno nacional azotan a los habitantes de la Provincia de Salta.
El exgobernador Juan Manuel Urtubey confirmó que competirá por una banca en el Senado. Denunció una "destrucción social planificada" y aseguró que su decisión es ética, no personal.
Estados Unidos respaldó a la Argentina en la causa por YPF. Presentó un "amicus curiae" para evitar que se entreguen las acciones a fondos buitres.
El Senado aprobó leyes clave rechazadas por Milei, como el aumento a jubilados y moratoria previsional.
Milei disolvió por decreto Vialidad Nacional, transfirió sus funciones al Ministerio de Economía y a una nueva agencia de control, dejando incertidumbre sobre obras clave como la Ruta 51 en Salta.
El Gobierno de Javier Milei no inauguró ninguna obra pública nacional desde diciembre de 2023. Más del 70% de los proyectos heredados fueron suspendidos y no hay nuevas licitaciones activas.
El Gobierno eliminó por decreto las jornadas obligatorias sobre violencia de género y educación vial en las escuelas.
Javier Milei eliminó el asueto del 27 de junio para empleados públicos mediante un DNU que deroga el Día del Trabajador del Estado.
Tucker Carlson confrontó a Ted Cruz por su postura sobre Irán y lo expuso por desconocer datos básicos del país al que propone atacar en "defensa de Israel"
Una nena de 3 años fue brutalmente atacada por un pitbull en Metán y debió ser operada de urgencia en Salta Capital.
Jubilados y trabajadores protestaron frente a la sede del PAMI en Salta por la rescisión del contrato con Tisec S.R.L., que atendía a 17 mil afiliados. La medida rige desde el 1 de agosto.
Una mujer mayor fue engañada por delincuentes que se hicieron pasar por empleados bancarios. Usaron una cuenta de Mercado Pago y claves falsas para tomar un préstamo y vaciarle la cuenta.
Estados Unidos respaldó a la Argentina en la causa por YPF. Presentó un "amicus curiae" para evitar que se entreguen las acciones a fondos buitres.
La ministra de Educación, Cristina Fiore, ratificó que no se retomará la quinta hora de clase en Salta y que se reglamentará el uso de celulares en los establecimientos educativos, en una charla pública donde también abordó temas como alfabetización, paritarias y violencia escolar.
El concejal Pablo López renunció tras la difusión de audios donde pedía favores sexuales a cambio de dinero, en medio de una denuncia por violencia de género.
