1 de febrero de 2024
En un día trascendental para la justicia salteña, ha comenzado el juicio contra los militantes de La Cámpora acusados de manejar de manera irregular el PAMI y ANSES en la provincia. La exdirectora del PAMI, Verónica Molina, y el exasesor de ANSES, Marcos Vera Ramírez, se encuentran entre los principales imputados en este caso que involucra a destacados funcionarios vinculados a la agrupación kirchnerista.
El Tribunal Oral Federal 2 de Salta, ubicado en la Av. Francisco de Gurruchaga 297, es el escenario donde se ventila este proceso judicial. Además de Molina y Vera Ramírez, también enfrentan juicio Gustavo Emilio Gerónimo, excoordinador del Modelo de Atención Personalizada del PAMI; Diego Jesús Albornoz, excoordinador Ejecutivo; y el exconcejal Fernando Ruarte. Los cargos imputados incluyen concusión agravada, malversación de caudales y peculado.
La acusación se centra en la presunta participación de los acusados en el cobro indebido del 20% de los sueldos de los jefes de diferentes agencias del PAMI en Salta, recursos que se sospecha eran destinados a financiar las actividades de la agrupación La Cámpora. Este caso salió a la luz durante la pandemia, en un contexto donde otros funcionarios públicos fueron descubiertos cobrando indebidamente la ayuda económica nacional del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) en el año 2020.
Durante la fase de investigación, los acusados admitieron haber efectuado "aportes" a La Cámpora, reconociendo la influencia de la agrupación en las administraciones del PAMI y ANSES en Salta, así como en otras gerencias a nivel nacional. La fiscalía, liderada por Ricardo Toranzos del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, ha recopilado pruebas contundentes, incluyendo audios y mensajes telefónicos, que respaldan la acusación de cobro indebido de aportes.
El peritaje del teléfono celular de una de las exgerentes involucradas en otro caso de IFE confirmó que la exigencia del pago del 20% provenía de números telefónicos pertenecientes a Vera y Molina. El juicio, presidido por el juez Domingo Batule y con la participación de los jueces Gabriela Catalano y Abelardo Barbus, promete ser un hito en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión pública.
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