SAENZ ESTUVO EN EL ACTO REALIZADO EN LA AMIA Y LUEGO FUE AL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En el marco de los 30 años del atentado contra la Asociación Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994, los mandatarios provinciales participaron del Encuentro Federal por la Memoria que se realizó en la sede porteña de la mutual judía.

“Junto a los gobernadores y representantes de las provincias firmamos una declaración conjunta para renovar el compromiso con la búsqueda de justicia y con la denuncia de la impunidad vigente en la causa”, sostuvo el salteño Gustavo Sáenz tras el encuentro.

No estuvieron presentes los gobernadores de Rio Negro, Neuquén y Misiones, quienes enviaron a funcionarios de cada administración distrital. Son los que, con Sáenz, impulsaron la conformación del bloque “dialoguista” en Diputados llamado “Innovación Federal” que preside la salteña Pamela Calletti e integran sus coterráneos Pablo Outes y Yolanda Vega.  

Luego del acto en la AMIA, los gobernadores mantuvieron diversos encuentros de alto voltaje político. Sáenz partió al Consejo Federal de Inversiones (CFI) para reunirse con legisladores del bloque “Hacemos Coalición Federal” liderado por Miguen Ángel Pichetto y Nicolás Massot.

Promovido por Pichetto, Massot y por el jefe de bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), el cordobés Rodrigo De Loredo, el objetivo del encuentro fue establecer objetivos en común de cara al tratamiento de la Ley Bases y del Paquete Fiscal en la Cámara baja previsto para el jueves.

Además de Sáenz, asistieron al cónclave sus pares Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Poggi (San Luis), quienes pertenecen al PRO, la UCR y el llamado “peronismo no kirchnerista”.

LEY BASES 

Los gobernadores de provincias con recursos mineros- como Salta, que cuenta con oro, litio y cobre, entre otros- plantearon su defensa al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que tuvo ciertas modificaciones en el Senado a partir de acuerdos con La Libertad Avanza. 

El RIGI es un esquema que favorece a las empresas nacionales y de capitales extranjeros que decidan invertir 200 millones de dólares o más en proyectos de desarrollo en los rubros de foresto-industria, minería, tecnología, turismo, siderurgia y petróleo y gas. 

Para concretar tales inversiones, en el texto se ofrecen beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por 30 años, periodo en el cual las Provincias y los Municipios no podrán aplicar modificaciones regulatorias sobre sus propios recursos naturales que vayan contra lo establecido en el RIGI. Los incentivos:

·         Baja Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%

·         IVA de 0% (las empresas paganas 21%)

·         Retenciones cero a exportaciones y nulo control de aborto interno

·         Arancel cero para importación de maquinaria.

·         Liquidación de los dólares: un 20% de luego de dos años; 40% en tres y 100% en cuatro años.

·         Amortización acelerada para las inversiones

Con respecto al capítulo de las Privatizaciones, el oficialismo y los “dialoguistas” acordaron respetar lo que ha votado el Senado. En la Cámara Alta se excluyeron del listado de empresas a privatizar total o parcialmente al Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina (que controla la TV Pública y Radio Nacional). 

PAQUETE FISCAL 

En el encuentro de los gobernadores y diputados “colaboradores” con Javier Milei también se habló del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores. A excepción de los patagónicos, los mandatarios están de acuerdo con la restitución de este tributo que alcanzaría a quienes perciban ingresos superiores a $1.800.000.

La principal motivación para reintroducir Ganancias (eliminado por el Congreso a fines del 2023 a propuesta del exministro Sergio Massa) es la cuestión fiscal, puesto que la recaudación es coparticipable: el Estado Nacional recauda alrededor del 40% y el restante 60% se distribuye a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

De acuerdo con el economista Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el posible 0,2% del PBI de recaudación anual para el gobierno de Milei significa un 5% del ajuste fiscal de un 4,4% del PBI, que es la cifra planteada. Siguiendo el informe, Salta recaudaría un 0,011% del total si se mide respecto al Producto Bruto Interno (PBI), o bien 66.081 millones de pesos, equivalente a 45.847 pesos per cápita. 

Respecto a los cambios propuestos en Bienes Personales, se prevé la insistencia del proyecto oficial que aumenta la base de pago de $27 millones a $100 millones y reduce las alícuotas actuales del 1,75% a un rango que oscila entre el 0,5% y el 1,5%. En el Senado, al igual que Ganancias, esta iniciativa fue rechazada.

El Gobierno Nacional cree que los números para aprobar ambas iniciativas están. Los bloques opositores Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazarían ambas iniciativas. Incluso más: la diputada peronista Vanesa Siley advirtió: "Sepan, no solamente el daño que van a generar en el pueblo argentino, si es que alguna empresa se la cree y se toma en serio esta ley, cosa que dudo, porque esta ley no genera seguridad jurídica. Esta ley es el paraíso de la inseguridad jurídica y va a terminar en la Justicia, cosa penosa para el sistema político y el Congreso".