Con el nuevo Registro de Evaluadores, Salta busca transparentar el ingreso a la Policía y al Servicio Penitenciario. Hasta ahora no existían controles psicológicos sistemáticos, lo que generaba riesgos en la selección de agentes.
Salta01 de septiembre de 2025
Diario del Valle
El Gobierno de Salta anunció la puesta en marcha de un Registro de Evaluadores para el ingreso a la Policía y al Servicio Penitenciario, una medida inédita en la provincia que apunta a garantizar mayor transparencia y profesionalismo en el proceso de selección. Desde ahora, los aspirantes deberán atravesar exámenes que medirán salud mental, capacidad de manejo del estrés, resiliencia y competencias sociales, antes de ser admitidos en las fuerzas de seguridad.
La iniciativa fue presentada como parte de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Colegio Profesional de Psicólogos de Salta, con la participación de especialistas locales y de la doctora Marta Díaz de Dragotta, referente nacional en evaluaciones para fuerzas de seguridad.
El registro estará conformado por psicólogos con formación específica y una trayectoria mínima de tres años en evaluaciones aplicadas a fuerzas de seguridad. De este modo, se busca unificar criterios y consolidar un padrón de profesionales habilitados.
Según explicó Gisela Pedersen, presidenta del Colegio de Psicólogos, se trata de una herramienta que permitirá “cuidar a quienes nos cuidan”, garantizando que quienes ingresen tengan el perfil adecuado no solo en lo físico e intelectual, sino también en lo psicológico y social. Para asegurar cobertura en toda la provincia, se implementó un sistema de streaming que posibilitará la participación de profesionales del interior.
Pedersen remarcó que las evaluaciones no admitirán medias tintas: los aspirantes serán considerados “aptos” o “no aptos” según los resultados de una valoración integral, que incluirá también el análisis de trabajadores sociales sobre el contexto de cada postulante.
Hasta la creación de este registro, el proceso de selección carecía de un sistema estandarizado para medir la salud mental y la estabilidad emocional de los aspirantes. Esa ausencia suponía riesgos concretos: desde la incorporación de personal sin preparación suficiente para afrontar situaciones críticas hasta la exposición de los propios agentes y de la ciudadanía a posibles episodios de violencia institucional.
Un ingreso sin filtros psicológicos podía dejar fuera de radar problemáticas como el estrés crónico, el consumo problemático de sustancias o la falta de resiliencia frente a la presión cotidiana del servicio. En ese sentido, la medida representa un cambio de paradigma, ya que busca prevenir situaciones que en el pasado solo se detectaban cuando ya habían derivado en conflictos internos o en hechos de gravedad pública.
El Registro de Evaluadores no se limitará a quienes busquen ingresar a la fuerza. También alcanzará al personal en funciones, brindando acompañamiento profesional frente a situaciones de estrés y desgaste emocional. La medida, además, contempla la participación de estudiantes avanzados de Psicología, quienes podrán capacitarse y sumarse al padrón una vez que acumulen la experiencia requerida.
La intención es que el sistema sea dinámico, con capacitaciones anuales y una ampliación progresiva del padrón de profesionales. De esta manera, Salta se coloca en línea con estándares nacionales e internacionales que promueven una mirada integral sobre el rol de las fuerzas de seguridad.
La implementación de este registro representa también un cambio cultural dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario. Por primera vez se reconoce de manera institucional que la salud mental, la capacidad de adaptación y la resiliencia son tan determinantes como la formación física o técnica.
De acuerdo con los especialistas, contar con personal psicológicamente preparado no solo mejora el desempeño frente a situaciones de riesgo, sino que también contribuye a fortalecer el vínculo con la comunidad y a reducir la posibilidad de episodios de violencia institucional.
El desafío que plantea este proyecto no se limita a ajustar los exámenes de ingreso, sino a transformar la concepción del rol policial y penitenciario en la sociedad. La seguridad pública requiere profesionales capaces de actuar con firmeza, pero también con equilibrio emocional, empatía y responsabilidad social.
La ausencia de controles previos expuso durante años un vacío que podía poner en riesgo a la población y a los propios agentes. Con este registro, la provincia busca cerrar esa brecha y dar un paso hacia una selección más rigurosa, transparente y acorde a los desafíos actuales.
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