
Arranca la Operación Roca: despliegue militar en la frontera norte
El Ministerio de Defensa puso en marcha la Operación Roca en la frontera norte de Salta, con despliegue militar para reforzar vigilancia y control.
Se aprobó la inclusión de las causas por narcotráfico y de lavado de activos en la "ficha libre" en un intento más por combatir el narcotráfico en la provincia y que este tipo de actividades ilícitas manche el poder político.
Salta16 de julio de 202416 de julio de 2024
En un significativo avance legislativo, la Legislatura de Salta aprobó la inclusión de los delitos de narcotráfico en la ley de “Ficha Limpia”, la cual prohíbe a personas con condena firme presentarse a cargos públicos electivos provinciales y municipales. Este cambio, destacado por Pedro García Castiella, Procurador de la Provincia, representa una mejora sustancial en la efectividad de la legislación.
García Castiella explicó que la ley, en su forma original, era poco practicable debido a que el tiempo de impedimento comenzaba a contarse durante la condena. “En muchos casos, el período de inhabilitación se agotaba antes de que la sentencia llegara a una segunda instancia, haciendo la ley ineficaz”, señaló. La reforma aprobada ahora estipula que el plazo de inhabilitación empiece a contar desde que la condena queda firme y dure por el tiempo de la condena más una mitad, incrementando así la eficiencia de la medida.
El Procurador enfatizó la relevancia de esta iniciativa, citando ejemplos recientes de funcionarios con vínculos oscuros, algunos relacionados con el tráfico de drogas. Sin mencionar nombres específicos, hizo referencia al caso del intendente de Aguas Blancas, Carlos “Oreja” Martínez, quien tiene una condena. Este tipo de situaciones subraya la necesidad de una legislación más estricta y efectiva para mantener la integridad en los cargos públicos.
“La ficha limpia tal cual como estaba, era poco practicable", reiteró García Castiella, subrayando la importancia de la reforma. Además, destacó la inclusión del lavado de activos de origen delictivo en la legislación, calificándolo como un aspecto crucial del combate al narcotráfico. “El lavado de activos es donde más duele y donde más hay que insistir. Las penas actuales de 2 a 8 años son muy livianas y poco disuasivas”, afirmó.
El Procurador hizo un llamado al Congreso de la Nación para que endurezca las penas y contemple la inhabilitación para ejercer cargos públicos en la ley nacional de estupefacientes. “Esto debería estar discutiendo el Congreso de la Nación, ya que es una necesidad imperiosa”, concluyó.
La reforma de la ley de “Ficha Limpia” en Salta es una respuesta a la creciente preocupación por la infiltración del narcotráfico en la política local. Al hacer que el plazo de inhabilitación cuente desde que la condena queda firme y se extienda por el tiempo de la condena más una mitad, la ley ahora asegura que aquellos condenados por delitos graves como el narcotráfico no puedan eludir las consecuencias legales a través de dilaciones en el proceso judicial.
La inclusión del lavado de activos en esta legislación también es un paso crucial. El narcotráfico no solo implica la distribución de sustancias ilegales, sino también el manejo de grandes sumas de dinero que deben ser blanqueadas para integrarse en la economía legal. Las penas actuales por lavado de activos, de 2 a 8 años, son insuficientes para disuadir este delito. La reforma busca endurecer estas penas y garantizar que los responsables no puedan ocupar cargos públicos.
Esta reforma es un claro mensaje de que Salta está comprometida en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. La sociedad salteña puede ver esta iniciativa como un paso hacia una mayor transparencia y ética en la política, garantizando que aquellos que han violado la ley de manera tan grave no puedan representar a la comunidad.
La reforma de la ley de “Ficha Limpia” en Salta es un avance significativo en la batalla contra el narcotráfico y la corrupción. Con un enfoque renovado en la eficacia y la inclusión de delitos clave como el lavado de activos, esta legislación fortalece la integridad de los cargos públicos y reafirma el compromiso de la provincia con la justicia y la transparencia.
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