Milei: Quita de subsidio ¿Cómo queda la luz y el gas?

19 de diciembre de 2023

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en una entrevista televisiva que el Gobierno argentino tiene la intención de reducir los subsidios energéticos a un tercio durante el 2024, lo que representa un recorte equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI), alrededor de u$s 2.500 millones. Esta medida forma parte de un plan más amplio que busca eliminar gradualmente los subsidios en los próximos tres años.

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La novedad más destacada es el cambio de enfoque en los subsidios, que dejarán de ser dirigidos a la oferta, es decir, a la generación de energía, y se orientarán hacia la demanda, beneficiando directamente a los usuarios. Aunque la intención es clara, aún se esperan detalles fundamentales que definan la implementación de esta nueva política.

En relación con esta revisión, Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos, señala que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara la emergencia energética marca el inicio de una revisión tarifaria integral, con cuadros tarifarios actualizados para fines del 2024. Sin embargo, surgen incógnitas respecto a la segmentación de los subsidios, como la posibilidad de un subsidio único para energía eléctrica en hogares vulnerables del segmento N2 y si habrá tarifas plenas para energía eléctrica y gas natural en hogares medios del segmento N3.

Caputo detalló que el recorte para el 2024 se distribuirá en 0,5 puntos del PBI para energía y el resto para transporte, generando un ahorro de u$s 2.500 millones para el Estado, además de u$s 1.000 millones en transporte. Dado que actualmente los subsidios representan el 2% del producto, la corrección se llevará a cabo de manera gradual, a razón de aproximadamente un tercio por año, hasta diciembre del 2026.

Limitantes para la Reducción de Subsidios

El economista Julián Rojo, del IAE Mosconi e investigador del IIEP-UBA, destaca tres limitantes fundamentales que podrían dificultar el proceso de reajuste de precios energéticos.

1. En primer lugar, menciona la fragilidad socioeconómica, ya que más del 45% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza, lo que hace difícil la eliminación de subsidios a este segmento.
2. En segundo lugar, señala la limitación macroeconómica y el impacto en los precios. Hacer una devaluación al mismo tiempo que se aumentan tarifas puede potenciar el impacto en la tasa de inflación, especialmente si los salarios están anclados. Rojo sugiere la necesidad de un mecanismo de coordinación entre energía y economía en un plan de estabilización.
3. La tercera limitante es de índole normativa. La institucionalidad débil en el sector energético y la jurisprudencia sobre aumentos tarifarios complican la toma de decisiones. Esto es especialmente relevante para resolver el atraso en las tarifas, ya que los usuarios de ingresos medios e ingresos bajos pagan solo el 18% y 15% de la energía, respectivamente.

Con la mirada puesta en la clase media (N3), se espera mayor claridad sobre la quita de subsidios y el futuro de la segmentación, ya que este grupo sigue recibiendo subsidios y solo paga el 18% del costo de generación. El desafío será encontrar un enfoque equitativo y efectivo en medio de estas complejidades socioeconómicas y macroeconómicas. La situación de los hogares medios, que comparten características con los sectores más pudientes y también con los más vulnerables, plantea desafíos adicionales en el proceso de transición hacia un sistema de subsidios más focalizado y racional.