Menor de edad sufre violencia escolar mientras las autoridades miran a otro lado

29 de agosto de 2024

La localidad de El Tala, en el Departamento La Candelaria, provincia de Salta, se ha visto sacudida por un caso de violencia escolar que pone en evidencia la cruda realidad de la inacción y desidia de las autoridades responsables de proteger a los más vulnerables: los niños. Una niña de 12 años, estudiante de séptimo grado en la escuela N° 4079 Dr. Pedro Antonio Arias Velazquez, vive bajo el constante acoso y agresión de otra alumna del mismo establecimiento. Pese a las repetidas denuncias realizadas por la madre de la menor agredida, la respuesta de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y bienestar de la menor ha sido insuficiente y negligente.

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La situación es alarmante. La madre de la menor ha manifestado su temor por la integridad física de su hija, quien es víctima constante de ataques violentos, que tienen lugar a plena luz del día, a tan solo cuadras de la comisaría local. Esta cercanía con la autoridad policial, lejos de ofrecer una sensación de seguridad, resalta la pasividad de las fuerzas del orden, que parecen no ver, no oír, ni actuar ante la evidente urgencia de la situación.

Lo más desconcertante de este caso es la respuesta incoherente y descontextualizada del fiscal penal López, quien decidió imponer una medida perimetral a la agresora, como si esta resolución fuera suficiente para detener el acoso dentro del ámbito escolar. Es una medida que, lejos de solucionar el problema, lo agrava. Ambas menores continúan asistiendo al mismo establecimiento, donde la víctima está forzada a convivir diariamente con su agresora. Este tipo de resolución demuestra una profunda desconexión de la realidad vivida en las escuelas y evidencia la falta de un abordaje integral en situaciones de violencia entre menores.

El Ministerio de Educación, por su parte, ha optado por caso omiso a la situación. En una muestra de burocracia y falta de compromiso, la institución se ha desligado de toda responsabilidad, argumentando que no cuentan con los recursos ni la autoridad para intervenir en la situación. Esto, sin embargo, no es más que una excusa. La falta de un equipo pedagógico de contención en la escuela es una grave omisión que debería ser corregida de inmediato, más aún cuando se trata de una problemática conocida desde hace años, y que, según aseguran algunos testigos, ha sido ignorada de manera sistemática por los dirigentes del Ministerio.

Es imposible no señalar el abandono al que están sometidas las víctimas de violencia escolar en esta comunidad. La falta de respuesta adecuada por parte de la justicia y la educación es un indicador preocupante de cómo las instituciones están fallando en su deber primordial de proteger a los menores. El caso de esta niña no es un incidente aislado, sino un reflejo de un sistema que necesita urgentemente una reforma profunda, donde la protección y bienestar de los niños sean verdaderamente una prioridad.

La negligencia, la indiferencia y la falta de acción por parte de las autoridades no solo perpetúan la violencia, sino que envían un mensaje peligroso: que la vida y seguridad de los niños pueden ser desestimadas. Es necesario que se tomen medidas contundentes y urgentes, que se reestructuren los protocolos de actuación, y que se garantice la presencia de equipos especializados en las escuelas, capaces de intervenir de manera efectiva en casos de violencia.

En El Tala, una madre teme por la vida de su hija, y con razón. Mientras la agresora continúa impune, la víctima sigue en riesgo, y la comunidad espera una respuesta que, lamentablemente, parece no llegar. Es un llamado de atención a todos los niveles del Estado, que deben responder con celeridad y responsabilidad antes de que sea demasiado tarde.