La alerta la dio un agente sanitario que fue a visitar a la madre de la bebé y se percató de la ausencia de la niña.
Salta15 de agosto de 2024
Diario del Valle
15 de agosto de 2024
En un caso que ha dejado en shock a los vecinos de la ciudad de Orán, una madre y dos hermanos han sido imputados por la venta ilegal de una bebé recién nacida. La menor fue trasladada clandestinamente hacia Bolivia, en un delito que ha generado indignación y preocupación en la comunidad. Los involucrados, identificados como Patsy Godoy, la madre de la niña, y los hermanos Evaristo y María Caiguara Ortiz, enfrentan cargos por "supresión de estado civil" en grado de coautores, un delito que conlleva severas penas de prisión.
El caso salió a la luz de manera inesperada cuando un agente sanitario, durante una visita de rutina al domicilio de Patsy Godoy, notó la ausencia de la recién nacida, quien debía estar bajo el cuidado de su madre. Ante esta alarmante situación, el agente decidió informar a las autoridades, desencadenando una rápida intervención que reveló una trama siniestra y desgarradora.
La investigación, a cargo de la fiscal interina María del Carmen Núñez, de la Fiscalía de la Sede Descentralizada de Orán, permitió reconstruir los hechos. Según las pesquisas, Patsy Godoy entregó a su hija a los hermanos Evaristo y María Caiguara Ortiz, quienes trasladaron a la menor hasta la ciudad boliviana de Bermejo, cruzando la frontera sin que se levantaran sospechas. La gravedad del acto y la frialdad con la que se ejecutó el plan no han dejado de conmocionar a quienes siguen de cerca el desarrollo del caso.
La fiscal Núñez actuó con rapidez para garantizar que este aberrante delito no quedara impune. Como resultado de su intervención, los hermanos Caiguara Ortiz fueron puestos bajo prisión preventiva, mientras que Patsy Godoy quedó en libertad con restricciones estrictas, incluyendo la prohibición de acercarse a la menor que entregó. El delito de supresión de estado civil, establecido en el artículo 139 del Código Penal, contempla penas de 2 a 6 años de prisión para quienes alteren o supriman la identidad de un menor de 10 años. No obstante, la magnitud de este crimen trasciende lo establecido en la ley, planteando preocupantes interrogantes sobre la existencia de posibles redes de trata de personas en la región.
El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, respaldó la solicitud de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva de los hermanos Caiguara Ortiz, argumentando el riesgo de fuga y la peligrosidad que representan. La decisión se fundamentó en la evidencia de que los imputados ya habían cruzado la frontera internacional con total impunidad, exponiendo la vida y el bienestar de la menor a graves peligros.
Afortunadamente, la intervención oportuna de las autoridades permitió la recuperación de la bebé en buen estado de salud. La menor se encuentra ahora bajo la protección de la Secretaría de la Niñez, que velará por su bienestar y derechos. Durante la audiencia judicial, la Defensoría Pública de Menores estuvo presente para asegurar que la niña sea protegida en todo momento, priorizando su seguridad y futuro.
Este escalofriante caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los menores y la necesidad urgente de redoblar esfuerzos en la lucha contra los delitos vinculados a la trata de personas y la venta de menores. La rapidez con la que se actuó en esta situación debe ser vista como un ejemplo a seguir para evitar que hechos tan atroces se repitan. La comunidad de Orán, aún conmocionada, espera que la justicia actúe con firmeza y que los responsables reciban las penas que corresponden por este terrible acto.
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