La Superintendencia de Servicios de Salud aduce que la intervención a la obra social se debe a “gravísimos incumplimientos, falta de satisfacción de los afiliados y deficiencias” en prestaciones. El trasfondo político.
Politica14 de agosto de 2024
Diario del Valle
A través de un decreto, el gobierno de Javier Milei dispuso la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). Se trata de un caso más que forma parte del programa de auditorías que está realizando la Superintendencia de Servicios de Salud en las prestadoras que brindan cobertura a los trabajadores por convenios con los sindicatos.
En los argumentos, el Gobierno advierte “una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias en que incurre OSPRERA, de incuestionable gravedad”, con lo cual se estaría poniendo de manifiesto una virtual falta de liquidez e insolvencia “así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo”.
De acuerdo con los datos vertidos en el decreto, la deuda financiera que acarrea OSPRERA se ubicó en $43.949 millones en marzo de 2024. Ello pese a que, en octubre de 2023 el Estado Nacional le transfirió $3.350.190.354,30 para revertir la situación, pero la ayuda “no fue aprovechada adecuadamente, ya que no solo no logro mejorar la situación de endeudamiento, sino que la ha empeorado”. Asimismo, la deuda con los hospitales públicos de gestión descentralizada asciende a un total de $1.500.310.836.
“La situación económica financiera es crítica, presenta un capital de trabajo altamente negativo, un índice de liquidez por debajo de los límites aceptables y niveles de endeudamiento corriente y total fuera del ámbito de los parámetros, regular capacidad de repago”, dice un informe emitido por la gerencia al hacer el balance del año 2023.
A su vez, agregan que OSPRERA tiene 172 acciones judiciales en curso (referidas a cuestiones de medicamentos en su mayoría) y “gravísimos incumplimientos” que para el Gobierno se sustentan en la presunta “falta de satisfacción de los afiliados y las deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones brindadas”. Para respaldo, señalan que en la auditoria social de 2022/2023 se identificaron 16.410 reclamos de afiliados de todo el país, mientras que en la Superintendencia de Servicios de Salud ingresaron 1.655.
Como corolario de esas irregularidades administrativas y contables denunciadas en la intervención, y a la valoración social, se le suma la falta de información brindada a sus afiliados: no informa sobre la cartilla ni sobre los coseguros, ni posee canales de difusión sobre problemáticas de la salud; tampoco tiene registro alguno sobre intentos de suicidio ni protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), advierten.
La intervención del Gobierno en OSPRERA arroja varias interpretaciones de alto voltaje político. Por un lado, permite comprender con más amplitud el embate de La Libertad Avanza contra los gremios, una maniobra que se complementa con la Reforma Laboral aprobada en el Congreso con la Ley Bases y con las negociaciones paritarias a la baja.
El diario El Destape señala algunos antecedentes de lo mencionado anteriormente: las inspecciones en el Sindicato de Marítimos (SOMU), la Federación del Gas, el de Conductores de Taxis y en el de Panaderos, mientras se espera una acción similar en el Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA).
La intervención en OSPRERA, sin embargo, se agrava por la cantidad de afiliados con los que cuenta: con unos 700.000 inscriptos, se trata de la segunda mayor obra social del país. Pero la obra social del gremio encabezado por José Voytenco cayó en desgracia por las irregularidades que ahora son investigadas por Virginia Montero, la interventora designada en la SSS por el ministro mileista Mario Russo.
Por otro lado, hay voces provenientes de los gremios que identifican una disputa política. Según fuentes citadas por La Política Online, hubo un punto de quiebre entre Voytenco y Hugo Moyano que derivó en el desmanejo de Osprera y su posterior intervención. Es que el camionero fue un actor clave para el convenio de prestación con el gremio del Vidrio, pero el líder de UATRE le entregó el control al abogado Marcelo Urban y su gestión nunca cumplió con los compromisos.
Tras la falta de pago a la obra social del Vidrio que había establecido el convenio gestionado por Moyano, en Osprera se detectaron deudas por encima de los $1.000 millones. A la par, se multiplicaban las denuncias de pacientes oncológicos que no estaban recibiendo sus medicamentos, a punto tal que hubo casos de fallecimientos debido a las deficiencias en la cobertura.
Desde UATRE, sin embargo, acusan una intervención arbitraria promovida por el Gobierno con el objetivo de empoderar a Pablo Ansaloni, ex presidente de la obra social y actual diputado de La Libertad Avanza. Cabe recordar que, en marzo de 20233, tras la victoria gremial de Voytenco, el juez Juan José Baric (Santa Rosa) dispuso la intervención original de OSPRERA.
El diario El Cronista cita declaraciones del entorno de Voytenco que advierten una caída en los fondos colocados a plazo fijo en el traspaso de mando y acusan la existencia de monopolios en el interior. "En marzo de 2023, cuando llegó la administración judicial, el 80% de los pocos prestadores que quedaban, no cobraron. Por eso no tienen cobertura. Y hay muchas prestaciones en el interior que son monopólicas y te exigen que le pagues la deuda vieja para volver a trabajar con vos. Es muy complejo todo", explicaron.
La alusión a las posiciones monopólicas en provincias y las deudas con los hospitales descentralizados podrían derivar en investigaciones a las delegaciones de UATRE, incluyendo la de Salta, que ya cuenta con antecedentes de intervenciones nacionales en la vida de los trabajadores: el Sindicato de Industrias Químicas, como lo informó Diario del Valle. Como sea, en el Gobierno aseguran que la intervención lograra mejorar la situación de OSPRERA y, por lo tanto, de sus afiliados.
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