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La propuesta busca que se cumplan los 180 días de clases restringiendo el derecho de los docentes a protestar por mejores condiciones laborales.
Salta13 de agosto de 2024Diario del Valle13 de agosto 2024
La Cámara de Diputados convocó una sesión especial para el miércoles a las 11:00 con el objetivo de debatir y votar sobre la declaración de la educación como servicio esencial. Esta iniciativa ha sido promovida por los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, y es la segunda vez que la Comisión de Educación se enfrenta a este tema después de que el 7 de agosto pasado una sesión similar no alcanzara quórum debido a la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria.
El proyecto de ley en cuestión busca que la educación sea considerada un "Servicio Estratégico Esencial", una categoría que implicaría garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y minimizar el impacto de paros docentes en el ciclo lectivo. Según fuentes oficiales, durante la sesión de agosto, se discutieron ocho iniciativas distintas, las cuales, tras recibir apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, fueron unificadas en un único dictamen.
La propuesta de declarar la educación como "Servicio Estratégico Esencial" tiene como objetivo primordial asegurar que se cumpla el calendario escolar completo de 180 días, incluso durante períodos de paros docentes o huelgas. Esta medida busca mitigar la pérdida de días de clases que tradicionalmente ocurre en el sector educativo debido a acciones de protesta por parte de docentes y personal no docente.
De acuerdo con el dictamen, tanto el Gobierno nacional como las provincias estarían obligados a garantizar el ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo, incluso en los días afectados por medidas de acción directa, indirecta, paros o huelgas. Para lograr esto, el proyecto propone la implementación de un sistema de guardias mínimas obligatorias, que permitiría mantener una continuidad educativa mínima durante estos períodos conflictivos.
La iniciativa ha generado diversas reacciones tanto en el ámbito político como en el educativo. Los defensores argumentan que la medida es necesaria para asegurar que los estudiantes no pierdan días de clases debido a conflictos laborales, y que el derecho a la educación debe ser protegido de manera más efectiva. Sin embargo, críticos de la propuesta advierten que la declaración de la educación como servicio esencial podría limitar el derecho a la protesta y a la negociación de los trabajadores del sector, y que podría generar tensiones adicionales en un contexto ya complejo de relaciones laborales en el ámbito educativo.
La sesión especial convocada para este miércoles será crucial para determinar el futuro de esta iniciativa. Los legisladores deberán evaluar no solo la necesidad de garantizar la continuidad del ciclo lectivo, sino también el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el derecho a la educación de los estudiantes. La aprobación de la ley podría marcar un hito en la forma en que se gestionan los conflictos en el sector educativo y en la manera en que se asegura el cumplimiento del calendario escolar en el país.
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