1 de agosto de 2024
En la jornada de ayer, el Tribunal Oral Federal I de Salta suspendió el inicio del juicio contra ocho personas acusadas de un brutal secuestro extorsivo ocurrido en la capital salteña en agosto del año pasado. La audiencia, que había sido convocada para marcar el inicio del debate, se vio interrumpida debido a desacuerdos significativos en torno a la reparación económica que se debe otorgar a la víctima del delito.
El caso, que ha causado gran conmoción en la comunidad salteña, involucra a un grupo de individuos acusados de secuestrar, torturar y extorsionar a un hombre que en el momento del ataque se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por delitos relacionados con el narcotráfico. El hecho delictivo ocurrió en la madrugada del 3 de agosto de 2023, cuando un comando armado irrumpió en la vivienda del hombre, sometiéndolo a brutales torturas durante varias horas. Los captores, que se identificaron falsamente como policías, exigían información sobre un supuesto robo de droga, utilizando la violencia extrema para presionar a la víctima.
El hombre secuestrado fue encontrado en un estado físico deplorable en una vivienda del barrio Santa Rita II, tras una intensa búsqueda llevada a cabo por las fuerzas de seguridad. La investigación conducida por el fiscal federal Ricardo Toranzos resultó en la identificación y detención de ocho personas: Carlos Choque Aguirre, Carlos Gustavo Lozano, Daniel Llanos, Cristian Adam Martínez, Jaime Alberto Ruiz, Emanuel Arjona, Horacio Chauqui y Micaela del Valle Riquelme. Estos individuos enfrentan graves cargos relacionados con el secuestro, tortura y extorsión.
Durante la audiencia de ayer, surgieron conflictos en torno a la indemnización económica que la banda criminal deberá pagar a la víctima. El abogado querellante, H.I.H., cuestionó la propuesta realizada por el Ministerio Público Fiscal Federal, argumentando que la cifra ofrecida no reflejaba adecuadamente el sufrimiento físico y psicológico infligido a su cliente. La discrepancia sobre la cantidad adecuada de compensación ha sido uno de los principales factores que llevó a la postergación del juicio.
El fiscal Toranzos ha afirmado que cuenta con pruebas contundentes que corroboran la culpabilidad de los acusados. Entre las evidencias presentadas se encuentran videos que documentan las torturas sufridas por la víctima y mensajes de texto que comprometen a los imputados en el crimen. Estas pruebas son fundamentales para el caso y jugarán un papel crucial en el juicio cuando finalmente se lleve a cabo.
El tribunal ha reprogramado el juicio para el próximo miércoles, en un intento por resolver las cuestiones pendientes relacionadas con la reparación económica y proceder con el debate oral y público. Se espera que en esta nueva audiencia las partes involucradas puedan alcanzar un acuerdo sobre la compensación que se debe otorgar a la víctima, permitiendo así que el juicio avance y se tomen las decisiones correspondientes respecto a la culpabilidad de los acusados.
El caso sigue siendo de gran interés para la comunidad y para las autoridades judiciales, quienes buscan asegurar que se haga justicia en un caso que ha puesto en evidencia la brutalidad y la violencia extrema a la que puede recurrir la delincuencia organizada. La resolución de este proceso es esperada con atención por todos los actores involucrados, que buscan tanto justicia para la víctima como el debido proceso para los acusados.
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