Condenan a un hombre por coacción y desobediencia judicial

18 de junio de 2024

El caso se originó en noviembre de 2022, cuando la víctima, quien había mantenido una relación de dos años con el acusado, presentó una denuncia. Según su testimonio, ambos salieron de la casa de un primo del acusado, donde él había estado consumiendo bebidas alcohólicas, para dirigirse a una parada de colectivo. Durante el trayecto en el transporte público, el acusado se tornó agresivo, vociferando amenazas y exigió dinero para comprar droga. Ante su negativa, el hombre amenazó con romper un vidrio del colectivo y agredir a alguien. La situación llevó al chofer a detener la unidad y solicitar la presencia de personal policial, que procedió a demorar al individuo.

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La mujer relató que no era la primera vez que denunciaba a su expareja. En mayo de 2022, el Juzgado de Violencia Familiar y Género 3 había emitido una resolución que ordenaba al acusado abstenerse de ejercer actos de violencia y le imponía una prohibición de acercamiento tanto al domicilio particular como al lugar de trabajo de la víctima.

Entre los antecedentes delictivos del acusado se destaca una condena de 8 años y 6 meses de prisión efectiva en 2014 por homicidio simple, según consta en su plantilla prontuarial.

En una audiencia ante la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, la fiscal penal de Violencia Familiar y Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal en un juicio abreviado contra el hombre de 37 años. El acusado fue condenado por los delitos de coacción y desobediencia judicial, en concurso real.

La investigación reveló indicadores de alto riesgo de nuevos episodios de violencia. Un informe elaborado por una perito en trabajo social del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) identificó señales de violencia cronificada, aumento de violencia, dependencia emocional, violencia verbal, celos excesivos y conductas de control hacia la mujer. Además, el acusado mostraba un patrón de consumo de alcohol y sustancias, exacerbando su comportamiento violento.

En relación a la víctima, el informe del CIF detectó aislamiento social y familiar, naturalización y minimización de la violencia, bajo nivel de alarma, vulnerabilidad y una discrepancia significativa entre su percepción del riesgo y la valoración profesional.

La fiscal Viazzi, en su requerimiento de elevación a juicio, sostuvo que el acusado había incumplido las medidas judiciales emitidas por el Juzgado de Violencia Familiar y Género. A pesar de conocer estas medidas, el hombre mostró una conducta reticente y desafiante.

En el juicio abreviado, el juez Leonardo Feans, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a 1 año de prisión de ejecución efectiva y lo declaró reincidente por primera vez. 

Este caso subraya la importancia de las medidas de protección y la intervención judicial oportuna para prevenir la violencia y garantizar la seguridad de las víctimas. Las autoridades judiciales continúan trabajando para mejorar la respuesta ante casos de violencia familiar y de género, asegurando que los agresores enfrenten las consecuencias de sus acciones.